ÁLAVA
«Nosotros también defendemos el
interés público», dicen los promotores
01.10.09 -
Enrique González.
Los constructores están sorprendidos. Tras conocer las palabras de Lazcoz, el gerente de Uneca -la patronal del sector- defiende que las modificaciones solicitadas por la organización para el actual modelo de VPO están basadas «en razonamientos y datos económicos contrastados». Por eso, Enrique González quiere conocer las razones por las que Ensanche 21 no atiende sus peticiones antes de replicar al alcalde.
Sin embargo, sí rebate los argumentos del regidor respecto a las dos medidas impulsadas ayer. En primer lugar, desmintió que «nuestras empresas cobren 9.000 euros por gastos de gestión» a quien renuncia a un piso adjudicado. «Si algo así ha ocurrido, será esporádico y debería perseguirse». Eso sí, admite que las promotoras «están facultadas para cobrar ciertas penalizaciones por incumplimiento de contrato» en esos casos. Pero, en cualquier caso, «no se trata de gastos de gestión».
En cuanto al plazo máximo de tres meses para devolver las cantidades adelantadas a quien renuncie al piso, González mantiene que «no creo que sea cuestión de que los cumplimientos tengan un plazo. Supongo que ya se hará en tiempos razonables». Como confía en la honorabilidad de sus colegas, esperará al momento «en que se nos mande la medida para valorarla».
Donde sí entra el gerente de Uneca es en las 'amenazas' de Lazcoz referentes a la cantidad de empresas foráneas que están deseosas de entrar en Vitoria a construir si a las locales «no les salen los números». En este sentido, González mantiene que «la licitación pública ya está abierta a cualquier concursante de cualquier territorio». Eso sí, añade que «son las empresas alavesas las que están contratando y manteniendo los puestos de trabajo. No sé si compañías de fuera pueden mantener la calidad del empleo, porque hay dos posibilidades: que hagan aquí contratos temporales, o que traigan gente de fuera. Y eso genera paro».
«Depurar las listas»
Siendo esto así, en la patronal reivindican que «nosotros también defendemos el interés público, porque detrás de las empresas hay trabajadores y familias». Es más, a los constructores «nos mueve el deseo de mantener una política de vivienda sostenible en el tiempo», sin poner en riesgo la superviviencia de las compañías.
Por último, González reitera la necesidad de agilizar la adjudicación y «depurar las listas» de solicitantes de VPO para evitar «trastornos y desestimientos». Si esto ocurre y se le asigna un piso a otro aspirante «cuando quedan sólo dos meses para finalizar la obra se encuentra con que tiene que hacer un desembolso importantísimo». Y acaba renunciando.
