Las causas judiciales se acumulan contra el alcalde de Castro, Fernando Muguruza, y seis de los concejales que formaban la junta de Gobierno local la pasada legislatura. La Audiencia de Cantabria ha ratificado el auto emitido por el Juzgado número 2 de la localidad costera y considera que existen indicios fundados de que en 2004 los entonces responsables municipales pudieron cometer un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de las obras de rehabilitación del túnel de Mioño y para la eliminación de barreras arquitectónicas en el mercado municipal. A partir de ahora, corresponde a la Fiscalía presentar escrito de acusación contra los imputados para dar pie a la celebración del juicio oral.
Las investigaciones judiciales tienen su origen en una denuncia interpuesta en 2006 por cinco concejales de la oposición expulsados del PSOE. Entre ellos se encontraba el ex alcalde y actual socio de gobierno de Muguruza, Rufino Díaz Helguera. Su acusación se basó en una presunta adjudicación «a dedo», sin proyecto ni publicidad, de la obra para acondicionar un paso peatonal en un túnel de Mioño. Con un presupuesto de 58.765 euros, el trabajo fue asignado a la empresa Izeta, de la que era gerente el hermano del entonces edil de Industria, Jaime Díez Muro.
