«Esta ampliación tiene un hándicap importante. Y es que implica una importante partida de gasto social extra en las cuentas públicas en un momento delicado. Va a provocar un mayor deterioro de la situación económica en un panorama de desplome de la recaudación. Aunque el problema en realidad empezó mucho antes, cuando se implantaron unas medidas indiscriminadas, como el cheque-bebé, la ayuda de 200 euros para el alquiler de los jóvenes o los famosos 400 euros, que beneficiaban a casi todo el mundo por igual, sin priorizar a los realmente necesitados. No fue prudente gastar así. Esta prestación ha sido una chapuza que se ha lanzado de forma publicitaria y algunas de sus condiciones eran un disparate, como lo de retirarla si el paro bajaba del 17%. La justificación social de la iniciativa no soluciona la situación. Lo verdaderamente eficaz sería cambiar de modelo productivo, con más dotaciones en infraestructuras y educación».