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El Consejo de Ministros aprobará hoy la nueva medida, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de agosto
Celestino Corbacho.
Más de 300.000 personas se beneficiarán de la ayuda de 420 euros mensuales impulsada por el Gobierno central, destinada a desempleados que hayan agotado su cobertura y no dispongan de otros ingresos. La medida será aprobada hoy en un Consejo de Ministros extraordinario, cumpliendo con el anuncio que realizó el mes pasado el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, poco después de que se rompiera el proceso de diálogo social entre sindicatos, patronal y Gobierno. Esta iniciativa, que responde a los sucesivos incrementos de los niveles de paro -en el último año aumentó en 1.117.179 desocupados- se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de agosto y se prolongará inicialmente durante seis meses, evitando así que «queden desamparados desde el punto de vista de la protección social», según anunció ayer el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Las prestaciones podrán cobrarse a partir de septiembre.
El perceptor de esta renta asumirá el compromiso con el servicio público de empleo de su comunidad autónoma de participar en un itinerario de formación. Corbacho precisó que el objetivo de esta iniciativa, cuya duración no acaba de convencer a los sindicatos -pedían que se prolongara hasta que finalice la crisis-, «no es el de hacer un subsidio, sino el de dar una renta de protección para que las personas que la reciban tengan acceso a una formación y puedan volver al empleo lo antes posible».
Aunque, en principio, cada beneficiario sólo podrá recibir la prestación durante un máximo de medio año, el Gobierno mantendrá en vigor este programa de ayudas durante más tiempo. La evolución del paro y de las condiciones económicas condicionarán su permanencia.
«Parece razonable mantenerlo si la crisis no se acaba en seis meses o si empieza a ser superada pero permanecen sus efectos sobre el empleo, que suele ir un poco más lento. Por lo tanto, seis meses para la personas, que no para el programa», precisó el ministro.
El coste de esta iniciativa superará los 400 millones de euros y, según el titular de Trabajo, se financiará con cargo al Servicio Público de Empleo (antiguo Inem) y a los Presupuestos Generales del Estado.
Ante la perspectiva de que el paro vuelva a la senda alcista en otoño, Corbacho reconoció que los márgenes de maniobra para tomar nuevas medidas son cada vez menores.
No obstante, el ministro subrayó que el Ejecutivo aún tiene capacidad de reacción, aunque ésta sea menor a la que tenía hace un año, cuando el Estado disfrutaba de superávit y su deuda representaba la mitad de la media europea. «Las nuevas medidas se adoptan sobre una situación de déficit y no ya sobre una deuda del 30%, sino superior», concretó. El consejo también abordará hoy el nuevo modelo económico, con menos ladrillo y más I+D+i.
Potenciales beneficiarios
El cálculo de potenciales beneficiarios es superior al del primer borrador que presentó el Gobierno, en el que estimaba que unos 200.000 parados cobrarían las ayudas entre octubre de 2009 y marzo de 2010.
El pasado mayo, la cifra de desocupados en Euskadi era de 118.744 -en julio sumaron 116.704, tras dos meses de retroceso-. De ellos, unos 80.000 percibían algún tipo de prestación de los servicios de empleo. Otras 40.000 personas, de las que casi un tercio eran pensionistas que veían completados sus ingresos hasta el 88% del Salario Mínimo Interprofesional -624 euros al mes por 14 pagas-, cobraban en junio la renta básica. El resto eran desempleados con problemas sicosociales de difícil integración en el mercado laboral y trabajadores que habían agotado sus prestaciones de paro.
