La Administración vasca deberá indemnizar con 40.000 euros a dos ertzainas, después de que la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia haya reconocido que sufrieron acoso moral en la comisaría de Gernika por parte de sus superiores jerárquicos, uno de ellos el actual máximo responsable de Seguridad Ciudadana del Cuerpo. La sentencia, que supone la primera condena por 'moobing' en el seno de la Policía autónoma, constata el «sufrimiento espiritual y emocional» padecido durante cuatro años en la citada 'ertzainetxea'. Los magistrados responsabilizan del «daño moral» infligido a los agentes -que son matrimonio- a dos de sus jefes, que les sometían a «presiones injustas» y a un «control exagerado», además de dirigirse a ellos de forma «humillante» y con «palabras despectivas». Como consecuencia de esta actitud, la pareja de ertzainas tuvo que recibir atención psicológica y estuvieron de baja médica por depresión durante meses.

Los hechos a los que se refiere la novedosa sentencia, que es firme, transcurrieron entre 2000 y 2004 en la comisaría de Gernika, al frente de la cual estaban Gorka Azarloza, como nagusi (jefe máximo), y Luis Fernando Ruiz, responsable de centro de Seguridad Ciudadana. Azarloza es, en la actualidad, uno de los cinco mandos que conforman la cúpula de la Ertzaintza nombrada recientemente por el consejero de Interior, Rodolfo Ares. Los dos denunciantes realizaron una reclamación de daños y perjuicios por importe de 140.000 euros por la «presión insoportable» a la que fueron sometidos. Sin embargo, fue desestimada por una orden del anterior consejero de Interior, Javier Balza, lo que hizo que interpusieran recurso contencioso-administrativo.

Ahora, el Tribunal Superior les da la razón al reconocer que sufrieron una «vulneración del derecho fundamental a la integridad moral, consagrado en la Constitución» como consecuencia del «trato vejatorio» infligido por sus jefes. El fallo reconoce que los dos agentes se vieron obligados a soportar «una presión ambiental y de grupo» en su lugar de trabajo, consistente en un «control exagerado de todos sus movimientos». Eran sometidos a una «exagerada exigencia de informes y órdenes en muchos casos contradictorios y que iban más allá de lo necesario y conveniente para el servicio». La resolución judicial también precisa que los ertzainas, debido a su vínculo sentimental, eran objeto de «expresiones irónicas, como 'parejita feliz'» y palabras «despectivas» que «vulneran el derecho fundamental a la integridad moral».

Control «exhaustivo»

En el caso del hombre, los hechos tienen su origen en unas «relaciones muy tensas dentro de su ámbito laboral», que le sitúan como «mando intermedio, en una situación de mediador constante». El control que soportaba era «exhaustivo». Sus dos superiores le obligaban a «comunicar absolutamente todos sus movimientos, a realizar una cantidad innumerable de informes aclaratorios y le dieron un sinfín de órdenes en algunos casos contradictorias». Una situación que le ha originado una «total descompensación psíquica» por la que ha recibido tratamiento antidepresivo.

La experiencia de su mujer es similar. La sentencia enumera las «constantes presiones, humillaciones y amenazas de expedientes disciplinarios» que soportó, comportamientos que fueron «minando» su salud. Destaca que «fue cesada de su puesto por la baja laboral que tuvo que solicitar debido al estrés».

La Sala condena a la Administración a pagar 20.000 euros a cada denunciante, a la vez que exculpa al seguro de la Ertzaintza «ya que es una vulneración deliberada de derechos constitucionales de la persona en relación al trabajo», apunta Juan Ignacio Marcos que, junto a Rosa Paraíso Pinedo, ha representado a los agentes. Este letrado, coordinador del Observatorio vasco de Acoso Moral, cree que las autoridades deberían abrir expediente «a los dos acosadores» y «solicitarles que reintegren de su bolsillo la indemización», posibilidad que está contemplada por la Ley de Jurisdicción contencioso-administrativa