ÁLAVA
Buscan una sentencia que obligue a que los concursos públicos se resuelvan mediante un jurado
26.07.09 -
Centro cívico de Ibaiondo en plena construcción. / JOSÉ MONTES
El colectivo local de arquitectos quiere cambiar el 'modus operandi' de l Ayuntamiento de Vitoria en lo que se refiere a los nuevos edificios públicos y abrirse así una brecha para hacerse oír y que su criterio cuente. Tras quedarse fuera del proceso para valorar y seleccionar el diseño de los últimos centros cívicos adjudicados, el de Salburua y Zabalgana, la delegación alavesa del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) ha acudido a los tribunales para demandar al Consistorio por lo que considera una «injusta exclusión».
Según explicó a EL CORREO el presidente de esa entidad, Luis Ángel Bellido, «nuestra pretención no es en ningún caso paralizar las obras de los equipamientos de los nuevos barrios, sino lograr una jurisprudencia al respecto». Esto es, que el juez decrete mediante una sentencia que las convocatorias públicas deben ser falladas por un jurado.
El conflicto que ha llevado a este colectivo a querellarse contra el Gabinete Lazcoz el pasado mes de abril es la salida a concurso de la redacción del proyecto y la dirección de obra del centro cívico de Salburua. La Ley de Contrataciones de las Administraciones Públicas permite elegir en estos casos entre dos tipos de convocatorias. Una, con la denominación de 'concurso de proyectos' (o 'de ideas'), y la otra, como 'concurso de contratación de servicios'. La diferencia principal entre ambas estriba en que esta última, por la que se decantó el Consistorio, le exime de constituir un jurado que falle el concurso. En el caso anterior, la mesa de contratación -el órgano municipal integrado por técnicos y concejales- tiene la última palabra.
Fallo sin ejecución
Los arquitectos alaveses critican que esa elección entra en colisión con las propias bases del concurso. Y es que, según matienen, «el volumen de documentación que exige el concurso equivale, prácticamente, a un proyecto básico». Por tanto, creen que «lo lógico» es que sea un arquitecto quien lo valore, «y no un economista o un ingeniero».
Así se lo hicieron saber al equipo municipal de gobierno a través de un recurso que fue rechazado.
Ahora, han presentando una denuncia ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria. «Consideramos que tenemos muchas probabilidad de obtener una sentencia favorable. Sin embargo, de ser así, no pediremos la ejecución de la misma. Es decir, no interferiremos en la marcha de los centros cívicos. Sólo queremos que los próximos concursos sean con jurado», recalcó Bellido.
Por otro lado, el COAVN ha firmado un convenio con la empresa FYM para poner en marcha el programa Polaris. Esta iniciativa busca intensificar la colaboración entre los colegiados y el mundo empresarial.
i.o.olano@diario-elcorreo.com
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