16.07.09 -
El proyecto de la nueva cárcel de Nanclares podría sufrir un revés en cuestión de semanas. ¿El motivo? El recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Diputación Álava por considerar que la Sociedad estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) «ha incumplido» la legislación en materia medioambiental vigente.
La decisión que desencadenó esta polémica nace del acuerdo del consejo de ministros del 28 de noviembre de 2008 por el que eximió al Ministerio del Interior de tener que hacer la preceptiva declaración de impacto ambiental por cuestiones de «urgencia y perentoriedad». «No podemos perder más tiempo. Pero eso no quiere decir que vayamos a hacer lo que se nos ponga en la nariz», reconoció el presidente de la SIEP, Ángel Martínez. Respecto a las consecuencias negativas que pudiera acarrear una suspensión cautelar de las obras por parte del Supremo, Martínez no lo duda: «No contemplo esta hipótesis», zanja.
La que no lo tiene tan claro es la Diputación, que continúa confiando en que el Alto Tribunal ratifique sus argumentos. Durante estos últimos meses, las críticas por parte de los gestores alavesas, sobre todo del diputado foral de Medio Ambiente, Mikel Mintegi, han sido una constante. Ha hablado de «Insulto», «imposición» e incluso de «burla». «Es increíble que quienes deben velar por que se cumpla la ley, la incumplan de esta modo», lamentó Mintegi en las Juntas.
Por si fuera poco, también existe un recurso tramitado ante la Comisión Europea por un presunto incumplimientos de las leyes medioambiental comunitarias.
