El pasado 17 de mayo, Ángel Martínez Sanjuán cumplió su primer año al frente de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), el ente público dependiente del Ministerio del Interior encargado de velar por el buen estado de las cárceles españolas. Evita en todo momento entrar en el rifirrafe político, pero sus 25 años de diputado en el Congreso le tiran más que el protocolo. Critica la actitud del 'no' del diputado alavés de Medio Ambiente, Mikel Mintegi, y asegura que la futura cárcel proyectada en Nanclares «es legal». «No contemplo que el Supremo paralice las obras», asegura.
-Las obras de la nueva cárcel de Nanclares comenzarán en cuestión de semanas. ¿Ya no hay vuelta atrás? ¿Habrá nuevo penal sí o sí?
-Claro, como no puede ser de otra forma. Es una necesidad. El plan del Gobierno de España pretende dignificar la situación de las cárceles españolas y las del País Vasco, que están muy obsoletas, en muy mal estado y fuera de lo que es una política penitenciaria moderna del siglo XXI. Creemos en la reinserción, en la dignidad de los reclusos.
-¿Mantienen la fecha de 2011 para que la cárcel esté abierta?
-Sí. Las obras empiezan ahora y el plazo de ejecución es de dos años. Vamos a dejar unas instalaciones modélicas, insisto, modélicas.
-La Diputación ha solicitado ante el Tribunal Supremo la paralización cautelar del proyecto al considerar que la supresión de la declaración de impacto ambiental no se atiene a la legislación vigente. ¿El recurso tiene recorrido o cree que es un acto de cara a la galería?
-No voy a entrar a discutir con otras administraciones porque no es mi papel. Aspiramos a llevarnos bien con todo el mundo. Por ejemplo, tenemos unas excelentes relaciones con el Ayuntamiento de Iruña de Oca (también del PSE) porque entienden que una inversión de estas características es una opción para el desarrollo de la zona y para cerrar cuanto antes la actual cárcel.
-Pero el diputado de Medio Ambiente, Mikel Mintegi, asegura que la nueva cárcel es una «imposición» e incluso ha llegado a tachar de «burla» e «insulto» su desinformación para con la Diputación.
-Insisto, mi papel no es entrar en rifirrafes con nadie, pero con Mintegi no coincido en absoluto. Cuando hacemos las cosas, las hacemos bajo el imperio de la ley, aunque no le guste a algunos miembros de la Diputación alavesa. No estamos haciendo nada que no podamos hacer. El proyecto es de interés general.
-Deduzco que no albergan la más mínima duda de que el Supremo decida paralizar las obras.
-No. En justicia no todo está escrito al 100%, pero la experiencia más cercana nos dice que en un conflicto igual que éste, con las obras de la cárcel de Pamplona, el Supremo ni entró en el fondo del asunto al considerar que nuestro proyecto era de interés general, es decir, una obra de interés urgente. Si alguien me dice que no es urgente cerrar Nanclares y abrir unas instalaciones dignas y modernas es que no ve lo que está pasando en el mundo.
-Pero supongamos que el Alto Tribunal paraliza las obras 'sine die'. ¿Cuál es su margen de maniobra?
-Niego la mayor. No valoro esa alternativa. Nosotros vamos a hacer las obras con todas las exigencias medioambientales que nos ha impuesto el consejo de ministros. El hecho de que vayamos a hacer una cárcel en Zaballa no significa que vayamos a hacer lo que se nos ponga en la nariz. Si alguien piensa que la SIEP va a hacer un mamotreto urbanístico de 100 millones de euros sin medidas correctoras medioambientales está equivocado. Va estar mimetizado con el entorno. Por ejemplo, va a ser uno de los primeros centros que no tendrá torre. No va parecer un cárcel, sin duda.
-¿Por qué no han hecho la declaración de impacto ambiental exigida por ley y que tanto le demanda la Diputación?
-Hemos hecho todos los trabajos previos y elaborado toda la documentación como si fuera una declaración de impacto medioambiental. Lo que ocurre es que la tramitación es muy lenta y en el caso de Zaballa, no podemos esperar otros dos años más.
Como la 'Y' vasca
-¿Este enésimo rifirrafe entre la administración vasca y la estatal tiene más de político que de técnico?
-No quiero entrar en polémicas pero son tantas las diferencias que tenemos entre unos y otros en materia penitenciaria, en cuestiones energéticas, en los modelos de desarrollo... Y no personalizo, digo entre unos y otros. Pero al final, el ciudadano juzga, y si no recuerdo mal, a ese modelo, a esa alternativa (en alusión a Mintegi y EA) no les han valorado suficientemente en las últimas elecciones. Lo que pasa con el centro penitenciario es lo mismo que con la 'Y' vasca. El desarrollo tiene que ir de la mano del medio ambiente, pero no esgrimir sólo el medio ambiente para frenar el desarrollo, la modernidad o el futuro de una región o un país.
-Su principal argumento, su defensa, es el interés general de un proyecto. ¿Por qué lo es la futura cárcel de Nanclares?
-Pero no sólo esta cárcel, sino todas las cárceles. El Gobierno de España no mete a nadie en la cárcel, sino los jueces, por eso, debemos dar respuesta a lo que dice la ley. Las cárceles no se ubican en función de un capricho. Si fuéramos buscando exclusivamente la aquiescencia de determinados sitios, habría cosas que no podrían ponerse en ningún lado.
-¿Qué ventajas tiene para la población del entorno? De haberlas, claro.
-Un centro penitenciario no es un problema, sino una oportunidad. Se crea riqueza, empleo, se genera seguridad, posibilidades económicas y de desarrollo, y cuando ya están funcionando, quienes lo criticaban son los primeros que reconocen su error.
-El Gobierno vasco liderado por el entonces lehendakari Ibarretxe también denunció su forma de proceder ante la Comisión Europea. ¿La llegada de López a Ajuria Enea servirá de bálsamo para este conflicto?
-Primero, la llegada de Patxi López va a ayudar en éste y en tantos otros temas a implantar más sensatez en algunas de las posturas que mantenía el tripartio nacionalista. Y segundo, el comisario europeo de Medio Ambiente entiende nuestro criterio y acepta nuestra postura.
-El emplazamiento elegido es el antiguo polvorín de Zaballa, unos terrenos que ya pertenecían al Gobierno central. ¿No pensaron en otras ubicaciones o decidieron apostar por la solución más sencilla y quizá más económica para no tener que comprar terrenos privados?
-La razón no es el coste, porque construir en la zona de Zaballa es más caro que en cualquier otra parte. No hacemos una ocupación intensiva del territorio. Tres cuartas partes de la parcela adquirida no la aprovechamos, va a seguir siendo naturaleza. Y seguimos abiertos a buscar con otras instituciones el mejor aprovechamiento de la zona que no vamos a utilizar. No ocupamos los Montes de Vitoria ni nada de lo que se ha dicho.
-La Diputación asegura que les ofrecieron cuatro alternativas diferentes.
-No conozco ninguna carta, ninguna oferta del diputado Mintegi ofreciendo terrenos. Punto.
-¿La actual cárcel se cerrará cuando se abra la nueva?
-Estoy convencido de que sí. Y así lo ha dicho la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo o el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
-¿Por qué Gallizo se negó a ponerlo por escrito, como le pidió la Corporación de Iruña de Oca en una reciente visita al municipio?
-No es mi competencia, pero insisto, estoy convencido de que se cerrará.
-¿Y después, qué? ¿Ya se sabe qué se va a hacer con estos terrenos?
-Es un proceso que no es cuestión de un día ni de una noche. Un centro penitenciario, cuando se amortiza, se desafecta. Luego, pasa a patrimonio del Estado y a partir de aquí, comienza la negociación con otras instituciones para ver lo que se puede hacer.
-¿Teme que según avancen las obras se origine una contestación social similar a la de la 'Y' ferroviaria vasca?
-En absoluto. Todo el mundo sabe que pese a las obras de mejora que se han hecho, las cárceles de Nanclares y Martutene son dos centros a cerrar. No hay vuelta atrás. Y al igual que todo el mundo aspira a tener buenos hospitales, también aspira a tener buenos centros penitenciarios.