caso 'gürtel'
También actuará como acusación en la trama madrileña del 'caso Gürtel'
Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en un acto público celebrado recientemente. / EFE
Los socialistas valencianos se resisten a que Francisco Camps salga indemne del 'caso Gürtel', que es lo que ocurrirá si el juez mantiene su decisión de imputarle sólo un delito de cohecho en su grado más leve por dejarse regalar 5.410 euros en prendas de vestir y complementos. Aunque fuera declarado culpable, el presidente de la Generalitat saldaría su deuda con la justicia con una multa. Ni cárcel, ni inhabilitación. Y eso es lo que trata de evitar el recurso anunciado ayer por el portavoz del PSPV en las Cortes autonómicas, Ángel Luna.
«Más allá de algunos trajes, hay otras cosas», subrayó el parlamentario socialista, para quien «no tiene sentido» que se restrinja de ese modo el sumario. Por ello, en su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia contra el último auto del juez José de Flors, piden que se amplíe la investigación a otros delitos y se interrogue a responsables de la trama corrupta y a los consellers y ex consellers que autorizaron contratos con Orange Market y Easy Concept, dos de las empresas investigadas. Y ello a pesar de que el instructor desvincula las supuestas dádivas a Camps y a los otros tres altos cargos imputados, de la concesión de dichas adjudicaciones.
A la vista de los datos de la Policía Judicial, los socialistas valencianos -personados en la causa como acusación- creen que Camps, Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos podrían haber incurrido en otros delitos, como financiación ilegal de partidos, malversación de caudales públicos, prevaricación o tráfico de influencias. Y con cada dato que se conoce de la investigación, el partido opositor se ve reforzado en sus sospechas.
Ayer, por ejemplo, Luna y la diputada Nuria Espí aludieron a unas charlas telefónicas divulgadas por el diario 'El País'. En una de ellas, el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', le decía al cabecilla de la trama, Francisco Correa, que Ricardo Costa y 'Peter' (Pedro García, director de la Radio Televisión Valenciana, RTVV) le habían dado «un par de ideas» para salir de «un problema muy complicado» por «una cosa» que había hecho «hace tiempo con el curita», al parecer en alusión a Camps. Según Espí, que pidió la renuncia inmediata de García, «no puede ser más claro que los tentáculos de la trama llegan hasta el corazón del PP, de la Generalitat y de entidades de su entorno como la RTVV».
Boadilla del Monte
Mientras esto ocurre en Valencia, en Madrid, epicentro de la causa, el juez del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad Antonio Pedreira admitió ayer la personación del PSOE como acusación popular en el procedimiento contra la rama madrileña de la red. Los designados para ejercer como acusadores son cuatro concejales socialistas del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, uno de los municipios gobernados por el PP más golpeados por el entramado que dirigía el empresario Francisco Correa.
El instructor madrileño, que ha impuesto una fianza de 1.500 euros a los socialistas para intervenir en el proceso, ya admitió el pasado 8 de mayo que los populares actuaran como acusación particular, al considerar que pudieron ser víctimas de Correa y los suyos.
