En junio, en el Ayuntamiento de Labastida, se realizó una moción de censura contra el alcalde de Ezker Batua, y ahora la corporación está gobernada por los ediles que realizaron dicha iniciativa: los concejales del PP y los ex-peneuvistas. Uno de los fundamentos de la moción se basaba en la negativa del anterior alcalde a la aprobación del nuevo plan urbanístico para la localidad que, según los nuevos dirigentes, daría un impulso al pueblo que se encontraba parado. Pero otros creemos que la moción y el plan urbanístico para lo que han servido y sirven es para relanzar el proyecto del campo de golf. Yo, como veraneante desde hace más de 35 años en el pueblo, ya realicé en su día otro escrito contra este proyecto que, en el fondo, no deja de ser un pelotazo inmobiliario. Todo esto viene a cuento para llamar la atención a la Diputación de Alava. ¡Qué curioso que para algunas cosas se muestre tan protectora del medio ambiente y para otras no tanto! Así, ha recurrido la construcción de la nueva cárcel de Nanclares. Tampoco le parece bien que se hagan más parques eólicos en nuestros montes. Ahora acabo de leer en el periódico que ha paralizado la construcción de un viaducto del TAV por cuestiones ambientales. Eso, además de abogar por el cierre de Garoña. Todo ello me parece muy bien. Lo criticable es, señor diputado foral de Medio Ambiente, que no se tome con el mismo interés el desastre ambiental que se va a producir en las faldas del Toloño con el campo de golf. Se va a destruir un paseo precioso que va desde la ermita de San Ginés hasta el camino que une Labastida con Salinillas de Buradón. Van a desaparecer viñedos, bosque y monte bajo. Señor Mintegi, ¿por qué no interpone un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de Labastida, como ha hecho con la cárcel? Tome, pues, la misma diligencia para preservar el medio ambiente en todos los proyectos que pueden estropear nuestro bello territorio alavés. Por cierto que la crítica también se podría extender al Gobierno vasco ya que las dos instituciones son las que tienen que dar el visto bueno al proyecto del campo de golf y a la construcción salvaje de 750 viviendas en plena naturaleza.