ÁLAVA
El Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio dirimirá en seis meses el contencioso con las firmas del tramo Echávarri Viña-Luko
Habrá litigio. Las tres empresas que construyeron los 6,2 kilómetros del tramo alavés de la autopista Vitoria-Eibar entre Echávarri Viña y Luko -la UTE compuesta por Ferrovial-Agroman, Lanbide y Copalsa-, ya han iniciado los trámites administrativos para exigir a la Diputación casi 9 millones de euros más de lo liquidado por los técnicos del Departamento de Obras Públicas y Transportes. Según explicaron a EL CORREO fuentes conocedoras del contencioso, las firmas ya han trasladado al Gabinete Agirre su disconformidad con la factura final y por ende la inminente presentación de un recurso ante el Tribunal de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Álava para que dirima el conflicto. Salvo acuerdo previo, el plazo máximo para finiquitar el asunto es de seis meses.
En caso de que las empresas salgan vencedoras, la cantidad en juego, 1.500 millones de las extintas pesetas, puede suponer un importante revés para las arcas forales en una coyuntura de grave crisis económica y desplome de la recaudación tributaria. Y es que esos 10 millones, por ejemplo, suponen el presupuesto anual del que disponen el Departamento de Innovación y Promoción Económica o el de Acción Social y Juventud.
El inicio del litigio llega cuatro meses después de que la Administración foral cerrara las liquidaciones finales y anunciara que no iba a pagar más de lo concretado. «Yo entiendo a las concesionarias, pero nosotros debemos defender el dinero de todos los alaveses, que para eso nos han elegido», recalcó a mediados de febrero el diputado general, Xabier Agirre. Las empresas, como era más que previsible, no se han quedado de brazos cruzados.
Sorprende la cantidad solicitada a la Diputación puesto que las obras se adjudicaron en 2005 por una cantidad nada abultada si se compara con lo exigido: 26,3 millones de euros (con IVA, casi 31). Obras Públicas, no obstante, sí ha reconocido un incremento del precio inicial por modificaciones puntuales realizadas sobre el terreno. Eso sí, sólo lo ha cuantificado en el 3,3%, lo que en la práctica supone un desvío que ni siquiera llega al millón de euros.
Tramo menos complejo
Ahora, la UTE constructora exige a la institución foral 9 millones más de lo que ya ha cobrado (siempre teniendo en cuenta el IVA), nada menos que una tercera parte de lo liquidado. Sorprende también porque los 6,2 kilómetros que separan Echávarri Viña de Luko son los de menor complejidad técnica de toda la AP-1, que tiene un total de 46,2 kilómetros (14,2 de ellos por Álava). No tiene, por ejemplo, ningún túnel. Sólo un viaducto, cuatro pasos elevados y la playa troncal del peaje de la autopista.
Sea como fuere, ahora sólo queda esperar a la decisión del arbitraje. El motivo por el que se ha optado por esta vía y no por la judicial es porque así está recogido en el contrato suscrito. Las ventajas son muchas, sobre todo en el aspecto económico y en lo referido al ahorro de tiempo. Si las partes no piden un acortamiento de los plazos, el tribunal de la Cámara de Comercio deberá emitir un laudo en el plazo máximo de seis meses. La resolución tiene validez jurídica ante un tribunal de Primera Instancia.
El camino que ahora se inicia difiera radicalmente del que con casi total probabilidad impulsarán las otras tres empresas que construyeron el segundo de los tramos alaveses, el Luko-Arlabán, de 8 kilómetros. En este caso, la UTE Dragados, FCC y Yarritu exige 32 millones más de los 68 liquidados -un desfase de de 5.500 millones de pesetas-. El Palacio de la Provincia, sin embargo, sólo ha admitido un aumento del 4,4% -2,8 millones- respecto a lo adjudicado.
El litigio, en caso de que las empresas decidan llegar hasta el final -algo que el Gabinete Agirre da por hecho-, se dirimirá en los tribunales de la justicia ordinaria al no contemplarse en el contrato la cláusula del arbitraje. De confirmarse la presentación del recurso, la sentencia podría demorarse años.
