L a decisión del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de proceder al cierre de Garoña en 2013 representa una medida pretendidamente salomónica que, lejos de solventar el problema que subyace en el futuro de la central nuclear, trata de sortearlo con el propósito de reducir al máximo el tono de las críticas de diverso signo que despierta la actuación gubernamental. Con ello se prorroga el permiso de explotación de Garoña, que expira el próximo domingo, durante cuatro años. Pero por eso mismo cabe preguntarse qué razones de seguridad, alegadas como criterio fundamental por el propio presidente, impiden que siga en funcionamiento a lo largo de la próxima década. Es posible que, como ayer afirmó el ministro de Industria, Miguel Sebastián, la decisión adoptada por el Gobierno sea «políticamente coherente, laboralmente responsable, técnicamente justificable y energéticamente asumible». Pero, en un tiempo en el que el propio Ejecutivo predica la excelencia, es seguro que cabía optar por una respuesta más coherente, responsable, justificable y asumible que el cierre en cuatro años de la central nuclear.

La coherencia a la que se debe un Gobierno no puede limitarse al cumplimiento del programa electoral que el partido que lo respalda presentó a las elecciones. Porque las estrategias que dibujan el futuro energético de un país han de ser concertadas por el conjunto de las fuerzas políticas. La responsabilidad no es tal cuando el Gobierno sigue teniendo pendiente el debate sobre el papel de la energía nuclear frente a la dependencia que padecemos los europeos y los españoles; debate que, como en esta ocasión, se zanja a la contra con excesiva facilidad. Además, la anunciada elaboración de un plan industrial que palíe los perjuicios que el cierre de Garoña vaya a causar en la comarca difícilmente puede suscitar confianza entre los vecinos en un momento de tan aguda y, probablemente, prolongada recesión. El problema no estriba en la merma que para el suministro energético representará prescindir de Garoña. El problema es que las decisiones respecto al futuro de la energía atómica quedan hipotecadas ante una opinión pública que, dado que el Gobierno ha apelado a la seguridad para clausurar la planta burgalesa, incluso al margen de los informes técnicos del CSN, se mostrará renuente al diseño de un futuro energético para España en el que las centrales nucleares tengan cabida.