En la imagen, Arturo González Panero. / Archivo
Aguirre exige levantar el secreto sumarial
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha exigido que se levante el secreto sumarial del caso Gürtel y ha defendido la presunción de inocencia de los imputados porque, en su opinión, es una "vergüenza" que éstos desconozcan los delitos de los que se les acusa.
Ha insistido en que le gustaría que el juez del TSJM Antonio Pedreira, levantase el secreto de sumario que la ley establece mantener durante un mes porque lo contrario genera "casos de indefensión" en los imputados, que no saben "de qué delitos se les acusa". Una indefensión a la que, ha dicho, "nos tienen muy acostumbrados en el PP".
En su opinión, es una "vergüenza" que el secreto sumarial "que se viola todos los días en algún medio de comunicación no rija" para los imputados del PP. Para la presidenta madrileña, "el secreto de sumario debe utilizarse de manera restringida y por eso la ley solamente da un mes", por lo que ha criticado que "llevemos desde enero" con este asunto.
Tras subrayar que ella no defiende "a nadie", ha precisado que es partidaria de la "presunción de inocencia, de la constitucionalidad y de la legalidad", así como del "derecho" a saber por qué una persona está acusada.
Arturo González Panero se niega a declarar hasta que se levante el secreto del sumario
Se le imputan los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad
El juez instructor del 'caso Gürtel', Santiago Pedreira, ha impuesto una fianza de 1,8 millones de euros al ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, quien se ha acogido a su derecho a no declarar por su presunta implicación en la
trama de corrupción ligada a cargos del PP hasta que se levante el secreto del sumario.
La fianza, establecida para cubrir las posibles responsabilidades económicas que pudieran derivarse del caso, es la más alta impuesta hasta el momento a los imputados en el
'caso Gürtel'. El magistrado acusa a González Panero de los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. "Hay un secreto de sumario que además en muchos casos no se está cumpliendo y yo no lo voy a romper", ha dicho González a su salida del tribunal.
Hasta ahora, la fianza más alta era la de un millón de euros fijada al ex concejal del PP en Boadilla del Monte (Madrid) José Galeote, padre del eurodiputado de este partido
Gerardo Galeote. Pedreira también impuso una fianza de 955.000 euros al diputado del PP en la Asamblea de Madrid
Benjamín Martín Vasco y de 750.000 euros al ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid
Alberto López Viejo.
Supuestos pagos
Según el auto de imputación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en una reunión entre Martín Vasco y los líderes de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, se habló de las entregas de cantidades de dinero a González Panero, entre otros. En la contabilidad de la Caja B de la trama se recogen esos supuestos pagos, que ascienden a un importe de 510.000 euros, realizados a través del vicepresidente de la empresa municipal de suelo y vivienda de Boadilla del Monte, Tomás Martín Morales, hombre de confianza de González Panero.
Según Garzón, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte habría participado en la adjudicación directa de contratos a la empresa de Correa Town Consulting SL, la actual Easy Concept Comunicación SL, así como en la adjudicación del proyecto de la construcción de la ciudad deportiva de Boadilla del Monte a la empresa Hispánica.
González Panero fue
uno de los primeros imputados en este caso por el juez de la Audiencia Nacional y tras su imputación renunció, junto al número dos de su lista, al cargo de alcalde de Boadilla del Monte y a su
militancia en el PP el 10 de febrero. El ex regidor de la localidad madrileña
tampoco declaró ante Garzón y dijo que lo haría cuando se dilucidara qué tribunal era finalmente competente en esta investigación, por lo que el juez de la Audiencia Nacional le impuso comparecencias semanales en el Juzgado hasta que se inhibió del caso a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia al haber diputados autonómicos implicados.