Auto judicial contra la lengua vehicular
Acepta la solicitud de la Plataforma por la Libertad de Elección, pero rechazasu petición de eliminar el bilingüismo como objetivo de la escuela vasca
Tontxu Campos y su sucesora en Educación, Isabel Celaá, en el traspaso de poderes. / J. MONTES
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco suspendió ayer, de forma cautelar, los artículos en los que se establece el euskera como lengua principal en la enseñanza incluidos en decretos aprobados por el anterior Departamento de Educación, en manos de EA, y que estaban en vigor este curso. A la espera de la sentencia sobre el fondo del asunto, la medida no tendrá una repercusión inmediata en las aulas, pero el reconocimiento por parte de la Justicia de que no se puede primar la lengua vasca sobre el castellano marcará el diseño de las futuras políticas lingüísticas en la enseñanza. El auto judicial atiende la petición en este sentido formulada por la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, que presentó los recursos, pero rechaza extenderla a todo el contenido de esas regulaciones. Para ello se apoya en la defensa que hace el Gobierno vasco del bilingüismo como objetivo de la enseñanza.
En la decisión de los magistrados ha influido de forma decisiva el informe que les envió el Ejecutivo de Patxi López, en el que respaldaba la suspensión cautelar de los artículos que dan prioridad al euskera sobre el castellano en los decretos de Infantil y Bachillerato, una normativa que establece lo que debe estudiar un escolar en dichas etapas. La consejería de Educación, que dirige ahora la socialista Isabel Celaá, sostuvo que había que dar igual rango a los dos idiomas oficiales. El auto no argumenta su decisión y la apoya exclusivamente en el respaldo de la Administración vasca a la suspensión.
La victoria para la plataforma ha sido parcial, ya que la Sala desestima el resto de peticiones de este colectivo, surgido tras la supresión del modelo A en varios colegios concertados. Las familias habían solicitado que el tribunal tutelase «cautelarmente» el derecho de los padres a elegir la lengua de enseñanza de sus hijos y que habilitara las medidas necesarias para que se oferten las tres líneas: castellano, euskera y bilingüe. La asociación resume así esa demanda: «que se suspenda la consideración del bilingüismo como el objetivo de la enseñanza en Euskadi». El auto rechaza esa solicitud.
Al justificar esa decisión, el tribunal utiliza también los argumentos del Gobierno vasco, que reivindica la consecución de la capacitación en euskera y castellano como objetivo de la enseñanza vasca. En el informe remitido a los jueces, el Ejecutivo de Patxi López considera que no hay que anular los decretos en su totalidad, ya que estas normativas, aprobadas al final de la pasada legislatura, «permiten avanzar en el fin señalado, el bilingüismo». «Si se suspendiera el precepto se perturbaría el interés general, al desposeer al nuevo currículo de una de sus señas de identidad más destacadas, el bilingüismo, así como el necesario avance a nivel de otros países del entorno respecto del plurilingüismo», explica el Ejecutivo vasco en un párrafo que recoge el texto judicial. El Alto Tribunal no entra en el fondo de la cuestión y lo deja para la sentencia final.
«Ilegalidad»
Los responsables de la plataforma avanzaron que si la futura sentencia corrobora esta primera decisión, colocaría «fuera de la legalidad» muchas de las iniciativas que puso en marcha el departamento de Tontxu Campos, que perseguían la inmersión lingüística en euskera. «Tiene una repercusión muy grande porque se considera ilegal una normativa que impulsó y avaló el anterior Ejecutivo. Debe traer consecuencias», declaró ayer el abogado de la asociación, Iñigo Uríen.
El colectivo de padres advirtió ayer de que ahora «le toca al Gobierno vasco hacer cumplir las medidas decretadas por el tribunal». Destacaron que la decisión judicial es un «aviso a navegantes». «Los centros de enseñanza no se podrán amparar en la existencia de unos decretos para hacer cambios en los modelos de enseñanza de dudosa legalidad», añadió Susana Marqués, una de sus portavoces. La plataforma animó ayer a los padres a que sean «valientes» y, «ahora que se saben amparados por la ley», reclamen el idioma de enseñanza que quieren para sus hijos.
Por su parte, el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, aplaudió ayer el auto, ya que, en su opinión, «conculcaba el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular». «La decisión confirma la ilegalidad de las políticas de imposición del euskera desarrolladas por el anterior Departamento de Educación», señaló. Su partido ha recurrido ante la Justicia el decreto de currículum vasco.
