Los acuerdos firmados por la Diputación y el grupo Afer para impulsar la fábrica de casas modulares fijan en unos 5 millones de euros el importe que la empresa de Jabyer Fernández debería pagar por la adquisición del suelo de Alonsotegi, la localidad elegida para levantar la «vanguardista» planta de Habidite. Esta cantidad de dinero contrasta con la inversión, cercana a los 40 millones, que la institución foral debería acometer previamente en las tareas de urbanización de la parcela, ocupada en la actualidad por un vertedero de escombros procedentes de la construcción del corredor del Cadagua.

Destinado a generar 1.100 empleos sólo en su primera fase, este proyecto se encuentra atascado en sus trámites iniciales y acumula ya importantes retrasos. Problemas de todo tipo que el propio constructor vizcaíno ha vuelto a situar en el primer plano al utilizar esta iniciativa -que un estudio valora en 700 millones de euros- como garantía del aplazamiento de pago que ha solicitado en Hacienda. Fernández, que responsabiliza personalmente al diputado general de la paralización de Habidite, debe a las arcas forales 43 millones del IVA generado en la venta de los terrenos de la promoción residencial 'Puerta Bilbao'. Una operación que permitió evitar la suspensión de pagos de iurbenor -una de las filiales de Afer- y por la que ha sido denunciado, de forma paralela, por siete de sus ex socios, entre ellos el presidente del Athletic, Fernando García Macua, que le acusan de utilizar «en beneficio propio» los fondos destinados al pago de impuestos.

La fábrica de Habidite -que tampoco ha salido de momento adelante en los otros dos emplazamientos elegidos (Azkoitia y Aragón)- fue presentada con carácter «estratégico» en diciembre de 2006 en un acto en el que participaron José Luis Bilbao, la entonces consejera de Industria, Ana Aguirre, y el propio empresario. El proyecto despertó una gran expectación en Vizcaya y, de modo especial, en Las Encartaciones, una comarca particularmente castigada por el desempleo. Fruto del apoyo decidido que se brindó a esta iniciativa, la institución foral y Afer rubricaron varios convenios que establecían una serie de obligaciones para ambas partes.

Además de asumir la compra de 1.500 viviendas modulares y la formación de los trabajadores, la Diputación se comprometió a adquirir el suelo necesario para edificar la planta, que requerirá más de 100.000 metros cuadrados para el edificio principal y unos 200.000 metros de superficie bruta. De esta manera, la institución foral -a través de la empresa pública Bizkailur- debía transmitir, «en cuanto legal y urbanísticamente» fuese posible y siempre en un plazo de 12 meses, el «pleno dominio» de los terrenos de la vaguada de Montealegre en favor de la compañía.

La parcela -situada a escasa distancia de la futura 'Supersur'- debería estar parcialmente equipada, contar con conexiones al corredor del Cadagua y disponer de un perfil «llano», sin que fuese necesario realizar obras de «desmonte o relleno». Estos convenios ya fueron duramente criticados por miembros del Tribunal Vasco de Cuentas al considerar que incumplen los «más elementales» principios de contratación pública, entre otras infracciones.

Movimientos de tierras

El precio que Afer debería pagar por la transmisión de la parcela, sin embargo, sólo incluye el coste «efectivo» de la compra de los terrenos asumido por la Diputación, que en la actualidad ha adquirido algo más del 60% del suelo necesario. Según el plan de negocio de la empresa, redactado por un miembro de la junta directiva del Athletic, esta cifra ascendería a 4,8 millones de euros, a pagar en 4 plazos a partir de 2010. Es decir, el precio acordado no incorpora los gastos relativos a los trabajos de urbanización ni los que se derivan de la construcción de los accesos al corredor del Cadagua.

Según el plan parcial de Montealegre, la urbanización de la parcela -ocupada en la actualidad por un vertedero de escombros- costaría unos 40 millones de euros, cinco veces más del importe requerido en la construcción de otros polígonos en el territorio. Sólo los movimientos de tierras y los sostenimientos ascenderían a más de 24 millones. La Diputación, que en la firma de los convenios se reservó un derecho de tanteo sobre los terrenos, ha decidido revisar este documento urbanístico con el objetivo de abaratar los costes «hasta la mitad».

Jabyer Fernández no ha dudado en señalar el controvertido proyecto de Habidite como el origen del conflicto que mantiene con el diputado general, contra el que ha lanzado graves acusaciones. El constructor le culpa de «orquestar» una campaña «global» de «calumnia y daño» hacia su «buen nombre» con el objetivo de «eludir las obligaciones recogidas» en los convenios.

Además de denunciar la «manipulación» de los libros de obra, ha anunciado medidas judiciales por la decisión de la institución foral de iniciar los trámites para rescindir los contratos firmados en cuatro proyectos que llevan meses paralizados: el frontón de Miribilla, una residencia para discapacitados en Mungia, 72 viviendas en Galdakao y unos trabajos de saneamiento en Gernika, donde algunas subcontratas se han quejado de impagos. La empresa justifica el parón de las obras en la necesidad de «redefinir» los proyectos y adecuarlos a sus costes reales.

d.s.olabarri@diario-elcorreo.com