Un sorprendente cambio de opinión de la Fiscalía obligó ayer al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu a dejar sin efecto la orden de trasladar a España a los siete piratas somalíes capturados el miércoles pasado en aguas del océano Índico por un buque de la Armada y ordenar su «inmediata» puesta en libertad. El ministerio público, que 24 horas antes no tenía duda sobre la competencia para juzgar en Madrid a los corsarios por secuestro y robo con violencia, dio un giro de 180 grados. De hecho, retiró la acusación y reclamó al juez que renuncie a la causa en favor de los tribunales de Kenia, el archivo de las diligencias y la puesta en libertad de los imputados para su entrega a las autoridades del país africano, peticiones que el magistrado rechaza.

El repentino cambio de criterio de la Fiscalía coincide exactamente con la opinión del Gobierno sobre cuál debe ser el protocolo legal a aplicar a cualquier pirata que las fuerzas armadas españolas capturen durante su misión en el Índico.

La decisión de ayer termina también con el enfado que el jueves había en el Ministerio de Defensa por la asunción del caso por la Audiencia Nacional. Fiscalía y Ejecutivo creen ahora que en estos casos la justicia española debe inhibirse y dejar actuar a los juzgados kenianos, según lo recogido en el convenio firmado en marzo pasado por el país africano y la Unión Europea, nada más iniciarse la operación militar multinacional contra el secuestro de buques.

Sin embargo, el cambio de actitud del ministerio público puede traer como consecuencia o bien la fuga de los piratas detenidos o el inicio de un conflicto legal entre la Audiencia Nacional y el Gobierno. El motivo es que el juez Andreu ha dejado en libertad a los piratas «por imperativo legal» y en «absoluta disconformidad con el criterio de este juzgado», ya que no puede dictar una prisión provisional sin petición expresa del fiscal. El magistrado rechaza, en cambio, el resto de las peticiones fiscales: no renuncia a su competencia sobre la investigación -se niega a archivar la causa-, ni autoriza la entrega de los prisioneros a las autoridades kenianas, negativa esta última que ha sido recurrida por la Fiscalía. Andreu mantiene que España tiene «plena e indiscutida competencia» sobre estos delitos, y que la Audiencia Nacional no puede desentenderse de encausados en procedimientos españoles y menos autorizar una entrega a un país tercero que, en su opinión, «quebranta» las normas de extradición, por mucho que se derive de un convenio de la UE.

Así las cosas, si el Ejército cumple a rajatabla la orden de Andreu y deja en libertad a los siete piratas «de inmediato», los delincuentes huirán «con absoluta probabilidad», como el propio juez vaticina en su auto. Si por el contrario hace una aplicación heterodoxa del auto judicial y deja libres a los piratas una vez que el buque militar atraque en territorio keniano, para que allí sean detenidos por las autoridades locales, se arriesga a que los delincuentes estén sujetos a procedimientos judiciales en dos países por los mismos hechos, con los problemas y conflictos legales que conlleva.

De hecho, Andreu advierte sobre «la ineludible obligación por parte de este instructor de continuar con las investigaciones tendentes a determinar la naturaleza y circunstancia de los hechos», aunque él mismo intuye que la excarcelación a la que le ha obligado la Fiscalía es probable que le impida «terminar con el enjuiciamiento de los inculpados».