E l Banco Central Europeo combinó ayer una iniciativa prevista -el recorte en otro cuarto de punto de los tipos de interés, hasta situarlos en un inédito 1%- con varias medidas extraordinarias para reforzar la liquidez del sistema financiero ante la virulencia que ha alcanzado la recesión. Entre los movimientos no convencionales destaca que el vencimiento de las operaciones de refinanciación vaya a alargarse hasta los doces meses -ahora son seis- y también la compra de bonos asegurados por una cantidad que podría alcanzar los 60.000 millones de euros. El BCE trata de responder así a las exigencias de una crisis que sigue requiriendo una cuantiosa movilización de recursos para intentar reanimar la actividad crediticia hacia empresas y familias y, con ello, la demanda y el consumo; así como una seguridad en los mercados a la que han de contribuir de manera imprescindible las instituciones monetarias, en tanto que cuentan con capacidades para apuntalar la fiabilidad del sistema.

Sin embargo, la conveniencia de la medidas adoptadas no hace sino subrayar la dilación con que ha optado por aplicarlas la institución presidida por Jean-Claude Trichet. Una demora que no puede justificarse por la necesidad de conservar algún margen de maniobra en el supuesto, no descartable, de que no se remonte la crisis en el tiempo previsto, y que ya han consumido otras instituciones como la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra. Si el BCE considera que sus nuevas medidas son ineludibles para afrontar la recesión, debería haberlas impulsado con mayor premura para combatir antes su impacto. Especialmente cuando las tensiones inflacionistas se habían ido relajando desde el verano por efecto del desplome del precio del petróleo. Las apreturas de la crisis no sólo obligan a Trichet, sino que urgen también al sistema financiero y a quienes operan en él a proyectar las iniciativas aprobadas sobre la economía real, revitalizando el crédito, la inversión y, sobre todo, las expectativas hoy diluidas por las dificultades. Inconvenientes que en el caso español se ven acrecentados por el dato de que el 40% de los parados apenas cuenta con opciones de volver a trabajar.