07.05.09 - 21:29 -
El juez instructor del 'caso Gürtel' ha impuesto una fianza de 750.000 euros al ex consejero de Deportes del Gobierno regional de Madrid y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo, que se ha negado a declarar. Se le imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.
En su comparecencia ante el juez, López Viejo ha guardado silencio al amparo del artículo 24 de la Constitución hasta que se levante el secreto de sumario. A petición de las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell, el instructor ha acordado imponer al diputado regional una fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias que procedan de la causa penal. Lo mismo hizo el juez el pasado martes con el también diputado 'popular' Benjamín Martín Vasco, al que impuso una fianza de 955.000 euros con objeto de asegurar la devolución del dinero defraudado.
A su llegada a la sede judicial, al ex consejero de Deportes y organizador de los eventos del Partido Popular de Madrid le esperaban numerosos de periodistas. Su citación es la que más expectación ha levantado por ser el cargo de mayor rango y más cercano a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre. El parlamentario se ha negado a contestar a la tromba de preguntas y se ha limitado a dar las gracias a los presentes. A su salida también ha evitado pronunciarse sobre si le habían impuesto medidas cautelares y sobre la posibilidad de que entregue su acta de diputado, como solicita el PSOE e Izquierda Unida.
Preguntas sin respuesta
El instructor del caso tenía previsto preguntar a López Viejo por el contenido de las conversaciones grabadas por la Policía que le implican en la red corrupta y por la documentación que obra en poder del magistrado que le relaciona con el entramado de empresas de Correa.
Cuando el caso estaba todavía en manos del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón lo acusó de cobrar hasta 563.000 euros de la trama a cambio de adjudicar la mayoría de los actos institucionales en los que participaba Aguirre. Según Garzón, López Viejo habría beneficiado a las empresas investigadas con la organización de eventos "desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid". El juez sostenía que el todavía parlamentario autonómico recibía sobornos por dar contratos a Correa. En una de las conversaciones del sumario, Correa decía a su interlocutor que el ex consejero "se lleva una parte de cada acto que se hacía. Aquí un kilo, aquí medio...".
Este jueves también estaba citado en el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) Antoine Sánchez, primo del supuesto cabecilla de la red, Francisco Correa. El juez ha decidido mantener su situación de prisión provisional. Le imputa los mismos delitos que a López Viejo por su participación en la trama de corrupción ligada a cargos del PP. En el curso de la declaración, el imputado ha solicitado el levantamiento de la medida de prisión, que se resolverá por escrito una vez se dé traslado al Ministerio Fiscal. Al término de la deposición, se le ha conducido en un furgón policial al centro penitenciario de Soto del Real.
El magistrado del TSJM también ha tomado declaración al empresario Plácido Ramón Vázquez Diéguez por su implicación en la red corrupta de empresas. Al igual que al resto de imputados, le acusa de los seis delitos de corrupción genéricos de la causa.
