L a singularidad del mercado inmobiliario vasco, poco expansivo en residencias turísticas comparado con otras zonas de España, ha hecho que la debacle del sector haya llegado a Euskadi con menor virulencia. Pero esta evidencia estadística apenas puede esconder una realidad acuciante de crisis. El goteo de cierre de agencias, de expedientes de regulación y quiebras en promotoras, constructoras y proveedores, es el más claro exponente de cómo la recesión ha terminado por condicionar un mercado especialmente sensible. Y son múltiples los factores que conducen a su encogimiento actual. Las expectativas de que los precios irán bajando y la pérdida creciente de atractivo de la vivienda como inversión complementan el efecto demoledor del desempleo, la inseguridad laboral y las limitaciones crediticias que afectan a gran parte de la población, hasta disuadir de cualquier compra, cuando no hacerla imposible. Si para el sector de la construcción la obra pública se ha convertido en un refugio, para el ciudadano afectado por la crisis el piso de protección oficial es la vía mayoritaria para acceder a una residencia, ya sea en propiedad o en alquiler. La consecuencia de todo ello es el incremento notable de pisos de nueva construcción libres que se han dejado de vender en los últimos años -15.000 desde 2004- y, en particular, en los dos transcurridos desde que estalló el caso de las 'hipotecas subprime' en Estados Unidos, desencadenante de la crisis financiera que está en la base de la penuria económica mundial.

El abismo creado en Euskadi entre vivienda pública y libre, que se ha intentado cerrar a través de pisos tasados, ha aflorado en toda su crudeza en cuanto la crisis ha golpeado a las clases medias y ha frenado tanto sus recursos como su confianza en el futuro. Y si bien es cierto que, en algunas circunstancias y en determinadas zonas, necesidad y demanda no han estado muy ajustadas, la vivienda sigue siendo una prioridad social que no entiende de coyunturas. El Gobierno vasco ya propuso, sin demasiado éxito, una fórmula para poner en circulación estos pisos libres, facilitando unos ingresos a constructores y promotores a cambio de introducirlos temporalmente en el servicio público de alquiler. Pero habrá que insistir en la búsqueda de soluciones para poner a disposición de la sociedad un recurso primordial y que ya existe. Una empresa compartida que deben liderar las instituciones, pero en la que no tienen cabida ni la especulación ni el oportunismo. El aumento progresivo de las viviendas embargadas por impago de la hipoteca expone en toda su crudeza la gravedad de la situación.