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Álava

04.05.09 -

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Para analizar el impacto de la crisis económica en el sector inmobiliario de Euskadi no sólo hay que contabilizar las viviendas libres nuevas que permanecen en manos de los promotores. También debe considerarse la oferta de pisos usados, que durante el cuarto trimestre del pasado año aumentó hasta los 13.395 inmuebles, una cifra que supera el 'récord' de 1996 (11.071).
Por otro lado, casi un millar de residencias fueron embargadas el pasado año en los juzgados vascos porque los propietarios dejaron de pagar la hipoteca a la entidad financiera, un colectivo de morosos que, según el Consejo General del Poder Judicial, se incrementará previsiblemente en toda España durante 2009.
Y otra variable a tener en cuenta es el parque de viviendas vacías, que retrocedió un 30% en el País Vasco durante 2007 y se situó en 18.500 pisos, cifra que figura entre las más bajas de España. Uno de los motivos del descenso de los pisos desocupados, que no se deben confundir con las segundas residencias, fue que los inmuebles empezaron a perder atractivo como producto de inversión, razón por la cual sus propietarios decidieron ponerlos en alquiler, en muchos casos, a través del programa Bizigune del Gobierno vasco.
Pero la crisis también ha actuado en el mercado inmobiliario no sólo por el lado de la oferta, sino por el de la demanda. La última encuesta oficial sobre las necesidades de vivienda en Euskadi, realizada por el Ejecutivo autónomo en 2007, ya detectó una caída del colectivo de personas que estaban buscando un piso. Si en 2006 había 93.000 individuos en esa situación, un año más tarde fueron 82.000, un 12% menos.
El estudio daba cuenta del pesimismo de los encuestados, pues sólo el 28% de los jóvenes deseosos de emanciparse esperaba poder hacerlo en dos años; el 45% no confiaba en encontrar una casa ni siquiera en cuatro. Según el informe, las malas expectativas de los ciudadanos, las más bajas desde que comenzaron a realizarse ese tipo de análisis en 1997, obedecían al deterioro de la situación económica, un proceso que se ha agravado con creces desde que se realizó el estudio y que golpea con fuerza a los sectores sociales más jóvenes, que son los que constituyen el grueso de demandantes de vivienda.
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