La inminente formación del nuevo Gobierno vasco, que presidirá Patxi López, ha hecho que se vayan conociendo los nombres de quienes presumiblemente ocuparán consejerías y viceconsejerías; como si las filtraciones de prensa debieran saciar el apetito de información a riesgo de que, al final, todo lo que ocurra tras la designación del nuevo lehendakari carezca de interés. Estos días, en los que los sms van dando cuenta de los números de teléfono particulares que a partir de la semana que viene tendrán las personas que hasta ahora han gozado de la confianza del gobierno Ibarretxe, permiten pensar en el derroche de capital humano que representa el cambio. Sencillamente porque en Euskadi -como en el resto de las administraciones españolas- se ha identificado la confianza política con la adscripción partidaria, más que con la responsabilidad pública. La proliferación de asesores con los que se sortean las estrecheces de la estructura orgánica del gobierno, la asunción de que hasta los directores han de responder a un perfil 'pata negra' en sentido partidario y la extensión de las siglas a través de organismos y de empresas dependientes invitan a que el cambio en la composición del Ejecutivo se deshaga de decenas de responsables que acumulan una experiencia de años para comenzar poco menos que de cero. Pero, a pesar de esto, es obligado preguntarse si el equipo entrante no tiene otro remedio que sustituir uno a uno a todas las personas que han ocupado cargos de confianza en el gobierno Ibarretxe.

Desde el día siguiente a las elecciones autonómicas la búsqueda de consejeros independientes se convirtió en un afán, propicio a la especulación y las quinielas, que los socialistas hicieron suyo para ampliar el espectro del nuevo Ejecutivo. Pero el verdadero desafío al que se enfrenta Patxi López no consiste en el fichaje de dos o tres personas sin carné socialista que formen parte del Consejo de Gobierno. Su reto está en que los consejeros socialistas se vean acompañados por viceconsejeros y directores en los que prime la aptitud y la experiencia sobre su pertenencia a las siglas. En que los delegados de educación, los responsables de hospitales o los gerentes de las sociedades públicas no tengan porqué pertenecer a tal o cual agrupación socialista. Es improbable que la incorporación de un par de consejeros independientes al nuevo Gobierno confiera a éste un carácter más integrador que el que tendría un Ejecutivo compuesto sólo por dirigentes socialistas. Cuando menos si el amplio listado de los cargos de designación no se abre a profesionales y funcionarios de valía sin adscripción partidaria. Si López opta por sustituir a los cargos cesantes por otros con pedigrí en el PSE-EE cegará de entrada el cambio, cuando el nuevo gobierno tiene la necesidad de presentarse como un gobierno nuevo. Las dificultades que han atravesado los socialistas en los últimos años, víctimas de un acoso terrorista que ha acabado con la vida de algunos y ha violentado la de todos ellos, les confiere un derecho moral al honor de gobernar y a acaparar los puestos del Gobierno. Pero en el primer balance del cambio, en el de los nombramientos, se retratará la generosidad y la amplitud de miras con la que afrontan dicha tarea.

La apertura de la administración más allá del partido que asumirá la responsabilidad de gobernar no sólo constituye una medida saludable para la integración de un país ideológicamente cuarteado. Durante décadas ha ido arraigando la sensación de que el acceso a responsabilidades públicas estaba sujeto a la previa afiliación a un determinado partido, preferentemente al PNV. En Euskadi hay muchas personas con vocación de servicio público. Vocación que acaba tantas veces frustrada, cuando no orillada en la propia escala administrativa de las diversas instituciones. Resulta harto difícil que las instituciones promuevan y lideren la innovación necesaria para nuestro tejido productivo, educativo o cultural si su propio funcionamiento se ve encorsetado por la tendencia siempre sectaria al control partidario de las estructuras de gobierno. Unos cuantos cargos continúan en el mismo puesto de Lakua o de las diputaciones al que accedieron con el nacimiento de las instituciones autonómicas, otros han ido saltando de un departamento a otro, pero muchos han visto su carrera profesional limitada tanto como sus posibilidades de brindar sus conocimientos y su capacidad a las funciones que tiene encomendadas la Administración. Nada resulta más patético que un cargo público alegando ser gestor técnico y no político. Pero el ejecutivo entrante se presentará como nuevo sólo si en su organigrama incluye el mensaje de que, en un país en el que cualquiera podía ser cargo público si se afiliaba, cualquiera podrá serlo si se demuestra capaz de aportar valor a la acción de gobierno.