Celestino Corbacho ministro de Trabajo e Inmigración
«Hay que reflexionar sobre la edad de jubilación, pero lo más razonable
por ahora es acercar a los 65 años la edad real de retiro, que es de 63»
01.05.09 -
Celestino Corbacho, durante la entrevista concedida a EL CORREO. / JOSÉ RAMÓN LADRA
Aunque armado de una coraza política, el ministro de Trabajo e Inmigración no oculta su preocupación por el desbocado aumento del paro, que supera ya los cuatro millones de personas y seguirá al alza en los próximos meses, pero de forma más moderada según sus estimaciones. Celestino Corbacho considera prioritario, en estos momentos de aguda recesión, que los desempleados sin cobertura dispongan de una protección mínima antes del verano y apuesta por reflexionar sobre la edad de jubilación.
-¿Qué espera de este Primero de Mayo?
-Se celebra en un contexto presidido por una crisis económica de carácter internacional, que tiene especial incidencia en España porque golpea de manera directa sobre el empleo. Nos hace mirar en dos direcciones: por un lado, para superar cuanto antes sus efectos; y, por otro, para que no dañe los derechos de los más débiles.
-¿Es un apoyo para el Gobierno contar con UGT, el sindicato socialista?
-No contamos específicamente con un sindicato u otro. Los sindicatos hacen su política al margen de los gobiernos defendiendo los derechos de los trabajadores. Lo que reconoce el Gobierno es la responsabilidad con la que han desarrollado la cultura del acuerdo, de la concertación y del diálogo.
-¿Está iniciado el cambio de patrón de crecimiento para reducir la dependencia de España del ladrillo?
-Un país no cambia de lunes a martes. Lo primero que hay que hacer es sentar las bases para cuando se salga de la crisis. Mientras tanto, hay que trabajar con medidas de choque a corto plazo, lo que no impide hacer un proceso de reflexión sobre hacia dónde queremos ir. De la crisis saldremos y la dejaremos atrás, pero lo haremos antes en la medida en que todos los gobiernos del mundo se unan.
-¿La debilidad del PSOE en el Congreso es una puerta abierta para que prospere el contrato propuesto por CEOE, que abarata el despido?
-Creo que deberíamos hacer el esfuerzo de que los temas identificados como pertenecientes al núcleo del diálogo social, como es el abaratamiento del despido, no se discutan en la Cámara.
Autonomías desbordadas
-Con una cifra de parados sin cobertura en aumento, ¿con cuánto dinero cuenta el Estado para ayudar a las comunidades autónomas a cubrir ese flanco social?
-España tiene un buen modelo de protección social estatal y en los últimos 15 años todas las comunidades han creado una renta de inserción para ayudar a aquellas personas que quedaban fuera de ese sistema general. Somos conscientes de que ahora las comunidades pueden verse desbordadas.
-Ante esta situación, ¿qué hacer?
-Un gran pacto territorial para crear una renta ligada a la formación y al empleo, que durante el tiempo y la coyuntura que dure esta crisis permita que las personas que han agotado la prestación por desempleo y no tienen derecho al subsidio de paro queden protegidas temporalmente por una renta, con la obligación de adquirir formación para volver al trabajo lo antes posible. Será la vicepresidencia tercera del Gobierno la que buscará la concertación con las comunidades autónomas.
-¿No hay ninguna propuesta económica concreta?
-No. Es más importante el concepto que el dinero. Una cosa es una renta para la ciudadanía y otra una renta con obligación de hacer unos cursos para recibir formación. Los destinatarios serán personas procedentes del mercado laboral que se han quedado sin empleo, sin protección y sin ingresos y desean recuperar un contrato. No se les va a dar la consideración de excluidos sociales, habrá que someterles a un proceso intensivo de búsqueda de empleo con formación específica.
-Insisto: ¿no hay cifras?
-Los datos que tiene el Gobierno sitúan entre 300.000 y 400.000 las personas que se pueden quedar sin protección.
-¿Con qué importe se les puede ayudar?
-El indicador público de rentas de efecto múltiple (IPREM), situado en 527,24 euros y el salario mínimo interprofesional, de 624 euros, pueden servir de referencia. Ambos tienen incidencia sobre rentas y pueden ser las bases para el futuro modelo.
-¿Cuándo estará en vigor?
-Creo que antes del verano tenemos que tener acordadas medidas para los parados sin cobertura. Entre mayo, junio y máximo julio debemos arbitrar un posible acuerdo y una decisión.
-¿Cómo se ha comportado el mercado de trabajo en abril?
-Se aprecia una inflexión respecto a la intensidad con que se destruyó empleo en los meses anteriores.
Jubilación
-Tras las discrepancias con el gobernador del Banco de España, ¿es partidario de retrasar la edad de jubilación?
-España está en una media de jubilación de 63 años. A mí me parece más razonable que todos los esfuerzos se encaminen a aproximar la media a la edad legal. En todo caso, ya existe flexibilidad. Una persona que quiera seguir trabajando por encima de los 65 años lo puede hacer con bonificación para la empresa y aumento de la cuantía de su pensión. Cuando decimos que hay que retrasar la edad de retiro tenemos que preguntarnos: ¿vamos a dar la misma consideración al trabajo en el andamio que en los servicios?, ¿vamos a seguir jubilando a la gente a los 63 años en el sector servicios y vamos a seguir diciendo en el transporte o en la construcción que tendrán que irse por encima de los 65 años?
-¿Y qué se puede hacer cuando las empresas persisten en despedir a trabajadores con 50 años de edad?
-Hay que combatir la cultura de que a partir de los 50 años a la gente hay que apartarla del mercado laboral. Esto no se resuelve con una norma, ley o real decreto. A la larga no hay que descartar actuar en una doble dirección. Por un lado, con más bonificaciones para que al empresariado le resulte rentable tener a un trabajador mayor de 50 años y, por otro, que cuando una empresa prescinde de esa gente el proceso no vaya a coste del erario público.
