E l anuncio definitivo de que el grupo parlamentario del PNV propondrá a Juan José Ibarretxe como candidato a lehendakari supone un paso coherente por parte de quien durante tantos años ha defendido con tenacidad postulados que las elecciones del 1 de marzo desbarataron políticamente. La presentación de Ibarretxe y de López brindará una excelente oportunidad para que el debate parlamentario clarifique aún en mayor medida los términos con los que ambos concurrieron a los comicios autonómicos. Es más, la propia votación entre las dos opciones que protagonizaron la última liza electoral servirá para subrayar que la legitimidad democrática descansa sobre la voluntad popular y sobre las normas que permiten que se exprese en libertad. Es esto último lo que ayer pareció olvidar el lehendakari en funciones cuando, al despedirse públicamente de su prolongado mandato, contrapuso la decisión de los ciudadanos al veredicto de los tribunales en relación a la ilegalización de la izquierda abertzale. Parece lógico que en el pleno del próximo martes Ibarretxe trate de reivindicar los logros obtenidos por sus sucesivos gobiernos para que los grupos parlamentarios procedan a contrastarlos en el debate con las propuestas que presente Patxi López. Pero lo que queda fuera de lugar es que el lehendakari en funciones presente como triunfo, tal cual lo hizo ayer, la promoción de la vía soberanista recogida en el plan que lleva su nombre. El rotundo fracaso de la iniciativa, al no cumplir los requisitos que estatutaria y constitucionalmente son exigibles a cualquier modificación del autogobierno vasco, sitúa la obstinación de Ibarretxe en un capítulo diametralmente opuesto al de los éxitos políticos.

Su insistencia en la idoneidad de la versión soberanista del derecho a decidir demuestra que no ha entendido el mensaje de fondo que encerraba el veredicto de las urnas del 1 de marzo y que vino a señalar que quien desdeña el consenso necesario para establecer o revisar los fundamentos legales e institucionales de la convivencia se ve incapaz de sacar adelante su proyecto y, al final, acaba políticamente orillado. Ibarretxe pareció ayer olvidar también otro extremo: que no tiene sentido democrático alguno sublimar la existencia de una presumible mayoría social nacionalista si ésta no alcanza a ser mayoría parlamentaria. Porque la mayoría social a la que se refirió se ve afectada, antes que por la ilegalización judicial de la izquierda abertzale, por el sometimiento de ésta a los dictados del terrorismo etarra. El nacionalismo democrático no termina de entender que su revés político es consecuencia del rechazo que en amplios sectores de la sociedad vasca suscita su pretensión de gobernar con el apoyo de los ilegales, cuando debería descontar de sus cálculos los votos que son utilizados para dar cobertura a ETA.