L as estimaciones del Banco de España sobre el desplome del Producto Interior Bruto español -un 2,9% en el último ejercicio y un 1,8% sólo en el primer trimestre de 2009, las peores cifras en 40 años- suponen el negro corolario a la cascada de pésimos datos que va acumulando nuestra economía, cuyo rostro más dramático es el insólito repunte del paro. La coincidencia del último boletín del organismo supervisor con la contracción del 6,1% del PIB sufrida por EE UU entre enero y marzo y con la revisión de sus previsiones por el Gobierno alemán, que pronostica un desgaste similar en su motor económico, pone de manifiesto que la recesión sigue teniendo un impacto global; al tiempo que sitúa en obligada cuarentena las expectativas sobre la aparición de algunos síntomas esperanzadores. Si algo parece demostrar la evolución de algunas de las principales economías del mundo es la dificultad de quebrar la endiablada espiral que enlaza problemas financieros, fuerte retraimiento de la actividad y la demanda e incremento del desempleo. Una espiral que impide que se recupere la confianza y que ha limitado el revulsivo que podría haber supuesto para el consumo la caída de los precios; y que, en el caso concreto de España, retrotrae a baremos anteriores al largo ciclo de bonanza.

La negativa marcha de EE UU y de Alemania puede ofrecer argumentos al Gobierno de Rodríguez Zapatero para aferrarse a su convicción de que el carácter global de la crisis hará que la recuperación llegue más de la mano de las soluciones coordinadas a nivel internacional que de las iniciativas nacionales. Pero resulta irritante su inclinación a refugiarse en diagnósticos ambiguos y en una difusa confianza en las medidas que se han ido aplicando, aunque no terminen de concretarse en avances verificables. El que uno de cada cuatro hogares con todos sus miembros en paro carezca de cualquier otra renta supone una realidad especialmente preocupante porque describe un deterioro que a duras penas podrán contener las iniciativas paliativas adoptadas hasta ahora. Y también la falta de margen de maniobra de la política presupuestaria en la que se empeñó el Ejecutivo pese a su evidente desfase con las consecuencias de la crisis.