
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa. / Efe
Facua no lo ve claro
La organización FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado la falta de transparencia del "bono social", una bonificación de la tarifa eléctrica destinada a ayudar a los consumidores con menos recursos económicos.
El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, ha criticado que la bonificación sea aprobada sin especificar el presupuesto destinado por el Ejecutivo a esta nueva medida. Para Sánchez, el problema es que el Gobierno aún no ha fijado la Tarifa de Último Recurso (TUR), que marcará el precio máximo que podrán cobrar las compañías y que entrará en vigor el 1 de julio para impulsar "la liberalización del mercado".
El "bono social" cubrirá la diferencia entre el valor de la tarifa de último recurso y una tarifa de referencia que se denominará "reducida" y se aplicará de forma automática a quienes tengan una potencia contratada inferior a 3 KW en su primera residencia. "Como aún no se sabe cuál será el precio de la Tarifa de Último Recurso y de la reducida, no sabemos qué ahorro supondrá esta medida", ha puntualizado Sánchez.
En este sentido, Sánchez ha mostrado su temor a que se produzca una subida "no justificada" de las tarifas y ha solicitado "mayor claridad" en la medida, "pues de momento no se especifica si la congelación se producirá antes o después de la implantación de la nueva tarifa".
Consejo extraordinario sobre empleo
El Gobierno celebrará un Consejo de Ministros extraordinario sobre el empleo el próximo día 6 de mayo, según ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha explicado que en esa reunión ministerial se evaluarán todas las medidas de fomento del empleo incluidas en el Plan E.
Además, el Ejecutivo examinará todas las medidas que se han ido adoptando para hacer frente a la crisis económica.
Para los consumidores que tengan en su primera vivienda una potencia contratada de hasta 3 kilovatios (KW)
También se beneficiarán las familias numerosas, con todos sus miembros en paro, y quienes perciban pensiones mínima
FACUA denuncia que se aprueba la medida cuando el Gobierno aún no ha fijado la Tarifa de Último Recurso
El Gobierno ha adoptado nuevas medidas contra la crisis que beneficiarán a los parados y a los que tengan las rentas más bajas: el recibo de la luz se congelará hasta 2012 para los consumidores que tengan en su primera vivienda una potencia contratada de hasta 3 kilovatios (KW), para las familias numerosas, con todos sus miembros en paro, y quienes perciban pensiones mínimas, lo que afectará a unos 5 millones de hogares.
Según ha informado el Ministerio de Industria, esta tarifa reducida o 'bono social' se incluye dentro de un real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros, adelantado a este jueves por la festividad del Primero de Mayo. El decreto, según el Gobierno también soluciona el problema del déficit tarifario -la diferencia que se produce cuando los ingresos del sistema eléctrico no cubren los costes- acumulado desde 2000. El Estado avalará hasta 10.000 millones de euros ese déficit pendiente de titulizar -convertir los derechos de cobro en títulos negociables- y asumirá los costes de la producción de electricidad fuera de la península, mientras que las eléctricas costearán el "bono social" y la gestión de residuos radiactivos.
Se mantienen los orientadores laborales
El Consejo también ha aprobado la prórroga durante dos años de la contratación para los 1.500 orientadores que prestan servicios de refuerzo en las oficinas de empleo para facilitar la colocación de los desempleados. Desde septiembre están trabajando en los servicios de orientación profesional en una doble vertiente: por un lado, ayudan a la inserción de quienes han perdido su empleo y, por otro, hacen prospecciones en las empresas para localizar sus necesidades y así poder dirigir hacia ellas a los desempleados.
La contratación de los 1.500 orientadores es una de las propuestas incluidas en el
plan extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral, aprobado en abril de 2008. La vigencia prevista de ese plan era sólo para el ejercicio de 2008, aunque contemplaba la posibilidad de prórroga en función de la evolución del mercado laboral y, al no comenzar su ejecución hasta septiembre del año pasado, se fijó la vigencia temporal hasta agosto de 2009.
El decreto ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de los desempleados aprobado el pasado 6 de marzo autorizó la prórroga de esta medida durante dos años debido a los efectos negativos que la crisis está teniendo en el mercado de trabajo. Hoy se ha aprobado finalmente esa prórroga.