ALAVÉS
Pide postergarla a final de Liga por la «gran incertidumbre» deportiva y las dificultades económicas que añadiría la pérdida de categoría
Fernando Ortiz de Zárate, en el centro, llega a una cita en la Diputación con Kike Pérez y Benito Martínez. / IGOR AIZPURU
La celebración de la junta de acreedores del Alavés el 12 de mayo en el Palacio de Justicia está en el alero. La asamblea que tiene como objeto la aprobación o no de la rebaja de su deuda a la mitad -de casi 25 millones de euros a menos de 12,5- y su pago en cinco años corre peligro después de que la Diputación, el primero de los reclamantes con 10,8 millones pendientes de cobro, haya pedido al Juzgado de lo Mercantil su aplazamiento por la «gran incertidumbre» deportiva que rodea al futuro del club con su equipo de Segunda División en descenso.
El documento foral, al que ha tenido acceso EL CORREO, solicita a la jueza que acepte posponer la reunión del Alavés con su masa acreedora, decisiva para favorecer su pretendida viabilidad económica, hasta la conclusión de la Liga, es decir, más allá del 21 de junio. Para entonces, explica la Diputación en su súplica, se habrá despejado «esa incógnita» que envuelve a una entidad amenazada por la pérdida de categoría. La continuidad en Segunda, que hoy le queda a cinco puntos con veinticuatro por jugarse, es condición 'sine qua non' para llevar a cabo el plan de saneamiento diseñado por el consejo de administración de Fernando Ortiz de Zárate.
La titular de lo Mercantil, Cristina Rodríguez, sustituta de Daniel Sánchez de Haro, ahora magistrado en Zamora, tendrá que pronunciarse en breve. Apenas quedan doce días para el desarrollo de una junta histórica, que o aprobará la continuidad financiera del Alavés o procederá a su liquidación. Aunque la solicitud llega casi tres meses después de haberse fijado como fecha el 12 de mayo, no es descartable que la jueza considere el cambio, según fuentes autorizadas.
La Diputación se apoya en un informe de la administración concursal del Alavés, fechado el 6 de abril, para reparar ahora en el negro porvenir que le aguarda a la casa albiazul si cae a Segunda B. Los interventores acogieron «con reservas» la propuesta de convenio -quita del 50% de la deuda y espera de cinco años-, y el plan de viabilidad y de pagos presentados un mes antes, el 6 de marzo, por la directiva al juzgado y a sus 275 acreedores. «La permanencia del equipo de fútbol en la segunda categoría es determinante para obtener los ingresos considerados por la concursada con los que hacer frente a sus obligaciones y, en el momento de emitirse el informe, el equipo se encontraba en puestos de descenso», recoge el escrito del Servicio de Asesoría Jurídica de la Diputación.
Empeoramiento deportivo
Lejos de mejorar, la situación en Mendizorroza ha empeorado, a pesar de la victoria del sábado en Girona. «En la actualidad, el equipo sigue ocupando plaza de descenso, pero está a mayor distancia de la salvación que entonces». En concreto a cinco puntos, aunque, cuando la Diputación trasladó su postura el pasado viernes, el equipo se situaba a siete, su mayor desventaja, como así lo remarca el documento. En cambio, en el momento de presentarse la propuesta de convenio se encontraba a uno y el día de la emisión del informe de la administración, a tres.
Sea como fuere, y con el Alavés a merced de los resultados en adelante, la Diputación asegura que «es incuestionable que existe una gran incertidumbre, que se resolverá ineludiblemente en fechas posteriores a la prevista para la junta de acreedores». Es por ello por lo que hace su demanda, en su «condición de gestor público y de los intereses generales de Álava», así como de «mayor acreedor y decisivo para la aprobación o rechazo del convenio». El voto favorable de éste es ineludible para el Alavés, que ya cuenta con el del 12% de su pasivo -a través de una decena de jugadores-, pero que necesita el 43% de la institución provincial para obtener la mayoría necesaria según la Ley Concursal.
La petición de aplazamiento de la Diputación añade otro plus inquietante a la incertidumbre real sobre el futuro cercano del Alavés. Al deportivo se suma así el financiero, pues el apoyo de los acreedores es un paso determinante para que la sociedad anónima albiazul avance. Como lo es, y ya vital, la adhesión foral al convenio. Su negativa sería como la carta de defunción del club.
«No será un obstáculo»
Éste siempre ha creído contar con el respaldo de la Diputación. Altos cargos del Palacio de la Provincia han sostenido en público más de una vez que «no será un obstáculo» para el Alavés, y así también se lo han transmitido a la directiva de Zárate. Pero la nueva postura que parece haber tomado el Gobierno de Xabier Agirre con su envío al juez ha creado sorpresa y enojo en el paseo de Cervantes. Y, sobre todo, pone en duda el posicionamiento definitivo que adopte en torno al convenio.
La Diputación argumenta que el traslado de la junta «puede facilitar una decisión más ventajosa para la masa acreedora que con los actuales condicionantes (riesgo de descenso) pudiera adoptarse». Lo defiende desde su posición de principal reclamante y después de que la Hacienda foral haya acumulado con los años deuda tributaria por los sucesivos impagos del Alavés, que nacieron bajo el mandato de Gonzalo Antón y se dispararon con Dmitry Piterman.
