matriculación en la Universidad
El rector anuncia un recurso contra la decisión del Tribunal Supremo, que anula un protocolo del Gobierno vasco
Iñaki Goirizelaia.
Medio centenar de presos de ETA encarcelados en Francia deberán dejar de cursar sus estudios en la Universidad del País Vasco. La medida obedece a una decisión del Tribunal Supremo que ha anulado el protocolo por el que se permite matricular a estos reclusos. Los magistrados entienden que no es posible que la UPV dé clases a esos alumnos sin que exista de forma previa un convenio con Instituciones Penitenciarias. Al no haberlo, los jueces concluyen, en un auto hecho público el lunes, que la norma que aplica la universidad pública es «nula de pleno derecho».
En la práctica, esta resolución sólo tendrá efecto en miembros de ETA que cumplen sus condenas en cárceles galas. Los internos en España deben seguir sus estudios a través de la Universidad de Educación a Distancia (UNED). Así se regula desde que en 2003 el Gobierno de José María Aznar modificó la ley penitenciaria para que este colectivo tuviera que matricularse en la UNED y no en otros centros. El cambio legal se llevó a cabo después de que se acusara a la UPV de tener un «trato de favor» con los presos etarras, lo que generó una fuerte polémica que trascendió al debate político. Hasta ese momento, 260 internos de la banda seguían sus estudios en las facultades públicas vascas. Con la nueva redacción, sólo 48 se apuntaron a los cursos a distancia.
El conflicto con la Administración central se reabrió en 2004. El 28 de octubre de aquel año el Gabinete de Juan José Ibarretxe aprobó por unanimidad un protocolo para la atención a personas internas en centros penitenciarios, que fue recurrido por la Abogacía del Estado apenas unos meses después. Durante el proceso judicial, un total de 57 miembros de ETA recluidos en Francia decidieron apuntarse a la UPV. Como el propio rector, Iñaki Goirizelaia, reconoció ayer, ningún preso común en el extranjero ha solicitado este servicio.
Convenio con Gallizo
La sentencia del Tribunal Supremo revoca ahora esa norma del Ejecutivo autónomo y exige que antes se llegue a un acuerdo con Instituciones Penitenciarias si las facultades vascas quieren dar clase a ese colectivo.
El rector anunció que tratarán de suscribir «lo antes posible» un pacto con el departamento que dirige Mercedes Gallizo para regular la situación, aunque, al mismo tiempo que se desarrollan las negociaciones, recurrirá al Tribunal Constitucional la decisión del Supremo. Se basarán para ello en otro auto previo, el que emitió el Tribunal Superior del País Vasco, que autorizó la matriculación de etarras encarcelados en Francia al no advertir ninguna ilegalidad en esta actuación.
En una comparecencia pública en Bilbao, Iñaki Goirizelaia recordó que la universidad ha reclamado en numerosas ocasiones la firma de un convenio con Instituciones Penitenciarias sin que haya «recibido respuesta». Rechazó, en este sentido, la tesis del Supremo según la cual la UPV habría vulnerado con esta actuación la Ley General Penitenciaria y aseguró que «desde la entrada en vigor» de esa normativa, la institución que lidera «no ha matriculado a ningún estudiante interno en instituciones penitenciarias españolas».
A preguntas de los periodistas, también explicó que la universidad pública no ha otorgado ningún título universitario a reclusos de prisiones galas. En esta línea, admitió desconocer cómo debería actuar si finalizaran sus estudios, porque «la sentencia no dice nada» sobre esos cincuenta expedientes que ya están abiertos, que se atribuyen a presos relacionados con ETA porque «hasta el momento», desveló, la UPV «no ha recibido» demanda de matriculación por parte de presos comunes.
