29.04.09 -
P ara detener a la cúpula de ETA en Bidart, en marzo de 1992, la Guardia Civil tuvo que trabajar en territorio francés de manera clandestina hasta localizar la reunión de la ejecutiva etarra. Una vez confirmada la cita de los terroristas, el Instituto Armado se lo comunicó a la Policía Judicial de Bayona para que procediera a su arresto. Los agentes del entonces coronel Galindo tuvieron que ocultar su presencia al otro lado de la frontera indicando a la PJ que el dato sobre la reunión de 'Pakito', 'Txelis' y 'Fitipaldi' se lo acababa de proporcionar un confidente de toda confianza.
Apenas un mes antes, el 17 de febrero de 1992, en una reunión celebrada en Albertville, las autoridades de París comunicaron a una delegación encabezada por Rafael Vera, secretario de Estado de Interior, su rechazo a crear brigadas mixtas hispano-francesas para combatir a ETA, tal y como había solicitado poco antes el ministro José Luis Corcuera. El responsable francés del Interior, Philippe Marchand, se oponía a la creación de esas unidades, al igual que lo había hecho su antecesor, Pierre Joxe, ambos socialistas. «En lo concerniente a la constitución de brigadas mixtas, no es jurídicamente posible, ni en Francia ni en España», había indicado Marchand en una carta enviada a Corcuera.
Con el paso del tiempo, sin reconocerlo de manera abierta y oficial, las autoridades francesas fueron aceptando por la vía de los hechos la presencia de agentes españoles trabajando en su territorio al lado de los agentes galos, adelantándose a la regulación europea del año 2000 que estableció un primer marco para los equipos conjuntos de investigación penal en el marco de la UE.
El trabajo operativo de las unidades conjuntas -formadas por Guardia Civil y la antigua RG, ahora DCRI, por un lado, y el Cuerpo Nacional de Policía y la PJ, por otro- ha sido la clave de los éxitos antiterroristas desde hace tiempo y se ha aplicado no sólo contra ETA, sino también contra el GRAPO. El trabajo de los policías se ha complementado con otras medidas en el ámbito judicial como la regularización de las extradiciones, la aplicación de las euro-órdenes, la entrega temporal de presos o la aplicación del Convenio de Dublín, entre otras, que han completado el catálogo de instrumentos antiterroristas.
Aquello que Marchand consideró que no era «jurídicamente viable» es hoy el modelo de cooperación policial más exitoso de Europa. Por eso Sarkozy y Zapatero se han propuesto extenderlo a otros aspectos de la seguridad tales como la delincuencia organizada, el terrorismo yihadista o la emigración ilegal.
En esa cooperación contra ETA sigue existiendo un punto negro: el acceso inmediato a la documentación, sea en papel o en soporte informático, intervenida a los terroristas en suelo francés. A pesar de que el asunto ha sido tratado una y otra vez con las autoridades francesas, el problema no termina de resolverse, quizás porque está en manos de los jueces y no del Gobierno. A veces pasan meses hasta que los investigadores españoles conocen el contenido de los documentos incautados. Pero no es un problema sólo español. A los servicios de información franceses de la DCRI también les cuesta acceder al material que interviene la PJ y que queda sellado en el juzgado.
Ayer, los presidentes volvieron a dar un empujón sobre el papel a este último asunto. Habrá que esperar a ver si esta vez es el definitivo.
