ÁLAVA
El Ministerio Público no ve indicios de un delito de prevaricaciónen la actuación del alcalde en el polémico caso de las marquesinas
Las actuales marquesinas y el resto del mobiliario urbano las colocó la empresa Cemusa. / IGOR AIZPURU
Patxi Lazcoz podría librarse de convertirse en el primer alcalde de la historia democrática de Vitoria que comparece ante un tribunal en calidad de imputado. Según ha podido saber EL CORREO, la Fiscalía ha solicitado el archivo de la denuncia interpuesta en septiembre por el PP contra el regidor por un presunto delito de prevaricación en el polémico caso del mobiliario urbano.
Fuentes cercanas al proceso aseguran que el Ministerio Público ha analizado los hechos a petición de la jueza que lleva la instrucción y que su conclusión es contundente: no ve indicios de un delito de prevaricación -consiste en dictar una resolución a sabiendas de que es injusta- en la actuación del mandatario socialista. Tras analizar este argumento, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 deberá decidir si archiva la denuncia o si sienta a Lazcoz en el banquillo. Según los mismos medios, parece «probable» que la magistrada decida dar carpetazo al asunto.
La jueza investiga hasta que punto el alcalde de Vitoria, cuando era el portavoz municipal del PSE en la oposición, cometió un delito al forzar al anterior gobierno del PP en minoría a repetir el concurso del mobiliario urbano, que ya tenía ganador. La polémica culminó con el mayor varapalo jurídico que haya recibido el Ayuntamiento. Como reveló en exclusiva este periódico en septiembre, el Tribunal Supremo confirmó una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJV) que declaró «nulo» ese proceso de renovación de las marquesinas. En la práctica, el fallo obligaba a adjudicar el contrato a la firma que ganó el primer concurso. Unos días después, el PP anunció que denunciaría a Lazcoz por un presunto delito de prevaricación.
Desde 2001
El 'culebrón' de las marquesinas arrancó en el año 2001. El gobierno PP-UA acordó con el PSE -liderado entonces por Jesús Loza- convocar un concurso para dotar a la capital alavesa de nuevas paradas de autobús, aseos, papeleras, relojes y postes de información digital. El documento establecía que la empresa ganadora los colocaría gratis y abonaría un canon anual al Ayuntamiento a cambio de explotar los espacios publicitarios.
La oferta de la empresa El Mobiliario Urbano S.A. fue la mejor valorada por los técnicos municipales, pero el pleno de la Corporación nunca la adjudicó. Los socialistas -capitaneados ya por Patxi Lazcoz- se desmarcaron por sorpresa del acuerdo tras acusar al PP, que gobernaba en minoría, de haberles «ocultado» que la firma ganadora podría llevarse el mobiliario al concluir los catorce años de contrato. El PSE exigió que las marquesinas se quedaran en la ciudad y consideró que había «garantías jurídicas» para desistir del concurso. Y lo hizo pese a que un informe del letrado jefe del Ayuntamiento advertía de que una marcha atrás podría ser «contraria a derecho».
Pero ese aviso no sirvió de mucho. PNV-EA, PSE, EH y EB unieron sus votos en el pleno de mayo de 2002 para repetir el concurso. Los populares protestaron, pero no tuvieron más remedio que plegarse a la mayoría. El nuevo contrato se lo acabó llevando Cemusa, que puso las actuales marquesinas de Vitoria.
Como era previsible, la firma que ganó el primer concurso acudió a los juzgados. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le dio la razón en febrero de 2007 y anuló el proceso. A petición de la oposición, el Gabinete Alonso recurrió el fallo ante el Supremo, que ratificó la sentencia del TSJPV el 22 de mayo de 2008, aunque no la notificó hasta dos meses después. Las partes implicadas lo mantuvieron oculto hasta que este periódico lo destapó en septiembre.
La sentencia desató un revuelo en el Ayuntamiento y el alcalde se vio forzado a dar explicaciones ante la oposición. En ese debate de alto voltaje, el portavoz del PP, Javier Maroto, acusó a Lazcoz de «tomar una decisión a sabiendas de que era ilegal». El alcalde dio por hecho que el edil popular le había acusado de prevaricación y le exigió una rectificación o «que saliera corriendo» a denunciarle en los tribunales.
Maroto le tomó la palabra y anunció el 18 de septiembre la denuncia contra el alcalde. Lazcoz la tildó de «cortina de humo» para intentar tapar el juicio contra el ex concejal popular de Urbanismo, Jorge Ibarrondo, por el denominado 'caso Ali', que comenzará el próximo 10 de junio.
Salida administrativa
La jueza deberá decidir ahora si archiva o no la denuncia que ella misma admitió a trámite en diciembre. La última palabra administrativa la tiene, por su parte, la Comisión Jurídica Asesora del País Vasco, que dictaminará si el Ayuntamiento puede rescindir el contrato a Elmusa. El Consistorio quiere anular la nueva adjudicación a la que le obligó el juez porque la empresa agotó el plazo para acordar el cambio del mobiliario urbano. Ambas partes acordaron firmar el acuerdo el 6 de marzo, pero la compañía no se presentó tras alegar que quería nuevas condiciones económicas en el actual contexto de crisis.
Las consecuencias políticas del caso están en manos de Lazcoz y Maroto, llamados a entenderse en el nuevo escenario dibujado en Euskadi donde el lehendakari del cambio será investido la próxima semana gracias al apoyo de los populares, que han prometido dar estabilidad al Gabinete de Patxi López. Para que esta sintonía se traslade al Ayuntamiento de Vitoria el alcalde ha exigido al PP que retire la querella. Ahora habrá que esperar para ver si se archiva o no y, en su defecto, si recurren el fallo los conservadores.
