POLÍTICA
Descarta la reforma legal propuesta por el
fiscal general para disolver los consistorios
porque no puede tener efecto retroactivo
25.04.09 -
Fernández de la Vega. / EFE
El Gobierno admitió ayer que no podrá desalojar a los 42 alcaldes del País Vasco y Navarra adscritos a la ilegalizada ANV, que, salvo imprevistos o mociones de censura, seguirán al frente de las corporaciones hasta 2011, cuando se celebren las próximas elecciones municipales. Sus ayuntamientos y las Juntas Generales de Álava son las únicas instituciones en las que están presentes miembros de los partidos ilegalizados por su vinculación con ETA, tras su reciente salida de los escaños del Parlamento vasco.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que el Ministerio de Justicia continúa los trabajos para abordar una reforma legal que impida en el futuro que una localidad pueda estar gobernada por un edil elegido en las listas de un partido ilegalizado. Sin embargo, los cambios, para los que no anticipó fecha, no podrán aplicarse a los ediles actuales. «Cuando haya (nueva) ley, no podrá tener efectos retroactivos porque restringiría los derechos fundamentales», aclaró.
Aunque no lo dijo de forma explícita en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta desechó la fórmula legal que planteó el jueves el fiscal general del Estado. Cándido Conde-Pumpido considera que es «posible» liquidar las corporaciones actuales gobernadas por el partido ilegalizado sólo con introducir un nuevo motivo de disolución entre los ya previstos en el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local. Así, sería causa bastante para disolver un consistorio que esté gobernado por concejales de un partido posteriormente ilegalizado por el Supremo por su vinculación a ETA.
Conde-Pumpido considera que este «sencillo» cambio legal es «el único constitucionalmente viable» para lograr este objetivo. El Ejecutivo, sin embargo, tras estudiar otros informes jurídicos, entre ellos los de la Abogacía del Estado, sostiene que la fórmula no se puede aplicar a los actuales ayuntamientos porque violaría los derechos de los ediles. La simple ilegalización de una formación no permite retirar el acta de concejal a quien fue elegido con anterioridad en la lista proscrita porque los ciudadanos designan con sus votos al candidato no al partido.
Asunto liquidado
El Ejecutivo liquidó con las afirmaciones de Fernández de la Vega las expectativas que abrieron en diciembre pasado la propia vicepresidenta primera, el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, y la entonces ministra de Administraciones Públicas y hoy vicepresidenta segunda, Elena Salgado. Los tres se comprometieron en público y en el pleno del Congreso a hacer todo lo que estuviese en sus manos para desalojar a los concejales de ANV de los equipos de gobierno mediante una reforma legal.
Las únicas opciones que quedan abiertas son la moción de censura y la disolución de ayuntamientos concretos por actuaciones «graves y reiteradas» en apoyo del terrorismo o de quienes lo ensalzan. La primera, aplicable sólo en los dieciocho municipios en los que ANV no tiene mayoría absoluta, es un callejón sin salida, por la negativa a sumarse a la censura de los partidos nacionalistas. La segunda, contemplada en la ley vigente, requiere de pruebas de conductas claras y reiteradas que en este momento no existen, según el Ministerio de Justicia.
