Aunque Nuclenor, su propietario, se empeña en afirmar que «es más segura que nunca», Santa María de Garoña, la central nuclear española más antigua en activo, se volvió a parar automáticamente durante la noche del jueves al detectarse problemas en el generador. Esta noticia, provocó ayer una oleada de comentarios y pronunciamientos pidiendo su cierre por parte de fuerzas políticas y grupos ecologistas, debido a que es el tercer incidente grave en un mes.
Hasta la vicepresidenta primera del Gobierno Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, tuvo que salir al paso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ante las reiteradas preguntas de los periodistas. La razón, que a la planta burgalesa se le acaba el plazo de su vida útil el 5 de julio, tras 40 años de actividad. Y es la primera instalación sobre la que se centra el debate nuclear en España.
El Consejo de Seguridad Nuclear debe emitir un informe preceptivo no vinculante antes del 5 de junio sobre su cierre o su continuidad otros diez años más, como ha pedido Nuclenor. Y con esos argumentos en la mano, el Gobierno español decidirá si se acaba la era nuclear en España o hay punto y seguido.
Fernández de la Vega, reiteró que el Gobierno decidirá sobre el cierre de la central cuando acabe el periodo de actividad y «una vez oídos los informes preceptivos». De la Vega recordó que la parada no ha tenido consecuencias para las personas ni para el medio ambiente. La vicepresidenta subrayó, en este sentido, que España cuenta con unos sistemas de seguridad «que funcionan» y, por eso, «todos los incidentes se han resuelto siempre con los protocolos de seguridad».
Garoña, situada en el valle burgalés de Tobalina, muy cerca del límite con Álava, a 22 kilómetros de Miranda de Ebro y a 45 kilómetros en línea recta de Vitoria, sufrió una parada de actividad no programada el pasado 6 de abril, y según las organizaciones ecologistas, otra más el día 1 de abril.
«Es segura»
Greenpeace, Ecologistas en Acción, el grupo parlamentario ICV, Ekologistak Martxan del País Vasco, Aralar y la propia Diputación foral alavesa pidieron ayer al Ejecutivo Zapatero que no prorrogue la actividad de la central nuclear. Todos reiteraron que la nueva parada demuestra que la planta está ya obsoleta o amortizada. «No hay ningún motivo económico, ni energético, ni medioambiental, ni social al que el Gobierno pueda agarrarse para incumplir su compromiso de cerrar esta central», insistió el responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo.
Mientras el diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Álava. Mikel Mintegi, anunciaba una nueva iniciativa en las Juntas Generales para pedir la clausura, la Junta de Castilla y León aseguró que «confía en la viabilidad de esta instalación, que es segura y necesaria».
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