El escándalo de Iruña-Veleia
Acusa a la diputada
de Cultura, a dos altos
cargos y dos profesores
de «allanamiento,
injurias, prevaricación
y coacciones»
25.04.09 -
Eliseo Gil en el yacimiento romano que ha excavado entre los años 1994 y 2008. / BLANCA CASTILLO
LOS CINCO QUERELLADOS
No hay mejor defensa que un buen ataque. El arqueólogo Eliseo Gil se ha aplicado esta máxima y ha decidido llevar a los tribunales a la Diputación y la UPV. El ex director del yacimiento de Iruña Veleia -cuna de unos hallazgos calificados de falsos por una comisión de expertos- responde con una querella a la denuncia presentada contra él por la propia Administración alavesa, el pasado 24 de marzo.
En concreto, la demanda de Gil se dirige contra la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, Lorena López de Lacalle (EA); el director de su departamento, Agustín Otsoa Eribeko, y el jefe del servicio de Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico, Félix López. Afecta también a dos profesores de la facultad de Letras: el coordinador del área de Arqueología, Juan Antonio Quirós Castillo, y el profesor titular de esta misma materia y experto en ciudades abandonadas de época romana, Julio Núñez. La denuncia, interpuesta por la empresa Lurmen, que dirige Eliseo Gil, atribuye a los cinco cuatro delitos: allanamiento -por haber accedido al yacimiento que él tenía en concesión-, prevaricación, injurias y coacciones.
Los dos expertos en Arqueología han formado parte de la comisión científico-asesora que, en noviembre pasado, certificó la falsedad de los dibujos de temática cristiana datados en el siglo III, así como de las palabras en euskera, fechadas entre el IV y el VI. Los dos cargos de la Diputación también formaban parte de ese comité que ha presidido la diputada. Y es que López de Lacalle ha sido la impulsora de la investigación que ha permitido desmontar la falsedad de la primera representación del calvario de Cristo y de los primeros nombres comunes de la lengua vasca.
La querella, registrada en los últimos días, ha ido a parar al juzgado de Instrucción número 3, con lo que ya son tres los jueces vinculados al caso. La interpuesta por la Diputación ha correspondido, después de un mes de dar vueltas, al titular del número 1. En ella, el Ejecutivo foral señaló a Eliseo Gil y al geólogo Óscar Escribano como presuntos autores de un delito de atentado contra el patrimonio cultural. Además, acusa de estafa a Gil y al coordinador de los análisis de las piezas, Rubén Cerdán.
Por su parte, el juzgado número 4 tiene sobre su mesa una denuncia de la empresa pública EuskoTren, patrocinadora del yacimiento, contra el arqueólogo y la ex subdirectora de las excavaciones, Idoia Filloy, por estafa. A estas tres demandas por la vía penal podría añadirse en breve una cuarta. Los servicios jurídicos de la empresa pública Euskal Trenbide Sarea (ETS) estudian si se suman a la de EuskoTren o presentan la suya contra Lurmen, la empresa de Gil y Filloy, para recuperar las subvenciones millonarias.
