Un radar de la Ertzaintza 'cazó' hace apenas dos semanas a un conductor novel de 25 años que circulaba por la AP-68 a la altura de Ribera Baja a más del doble de la velocidad permitida. Iba a 184 kilómetros por hora por una vía en la que el límite está fijado en 120 aunque, al haber obtenido el carné hace menos de dos años, sólo podía pisar el acelerador hasta alcanzar los 80. Se pasó en 104. Conductas como la de este joven llegan a diario a los juzgados vitorianos y se suman a una estadística que refleja un aumento del 60% en los delitos de tráfico desde 2007 en la provincia. Así lo reflejan los datos aportados a EL CORREO por el fiscal de Seguridad Vial en la provincia, Manuel Pedreira. Las cifras de este año sacan a la luz algunos de los peligros que recorren a diario el asfalto del territorio y que, por primera vez y como novedad respecto a todos los balances anteriores, han sido perseguidos por un Código Penal mucho más duro con los infractores.

El informe anual revela que, en el último año, se han sentado casi tres personas al día en el banquillo para enfrentarse a alguno de los 867 procedimientos abiertos -crecen un 19% respecto a 2008- en esta materia. Ocho de cada diez se han resuelto a través de los llamados juicios rápidos. «Es una proporción bestial. Muchos casos quedan listos en una semana e incluso en un solo día», explica el fiscal. A esta rápida tramitación ayuda que, en casi la totalidad de los delitos, el propio acusado «reconoce los hechos» y se dicta sentencia de forma inmediata. Estas condenas «por conformidad» benefician de forma notable al ciudadano pues le permiten librarse de una tercera parte de la pena impuesta. Negar lo ocurrido tampoco le serviría de mucho. Y es que a las manos de los magistrados llegan pruebas objetivas, como los resultados de las pruebas de alcoholemia, los registros de los radares instalados en las carreteras, o el simple hecho de carecer de permiso de conducir. Argumentos que al más avispado infractor le resultan imposibles de rebatir.

Alcoholemia

La nueva legislación, por ejemplo, no deja dudas ya sobre el consumo de alcohol cuando se va al volante. A partir de 0,60 miligramos en aire espirado, se puede hablar de retirada de carné e incluso de pena de cárcel, mientras que antes no bastaba con la cifra registrada al soplar en el alcoholímetro, y debía demostrarse que la bebida afectaba a la conducción para que la conducta se contemplara como delito.

Para el fiscal, «la objetivación de la tasa de alcoholemia» ha sido uno de los grandes aciertos de la reciente reforma -entró en vigor en diciembre de 2007- aunque no ha frenado a ciertos conductores a la hora de subirse al automóvil con alguna copa de más, tras tomar ciertos medicamentos o sustancias estupefacientes. Los juzgados alaveses pusieron en marcha 712 procedimientos por este motivo a lo largo de 2008, lo que lo convierte en el delito 'estrella' en el ámbito de la seguridad vial.

No menos peligroso resulta circular sin el correspondiente permiso y 88 ciudadanos lo hicieron desde el 1 de mayo del pasado año, cuando dejó de ser una simple infracción administrativa para contar como antecedente penal. «Fue el único cambio cuya entrada en vigor se retrasó durante unos meses y se anunció a lo largo de todo ese tiempo, precisamente para animar a los conductores a que consiguieran el carné», comenta Pedreira. Pero parece que no convenció a todos. «Muchos de estos infractores eran extranjeros», admite el fiscal. El exceso de velocidad provocó una docena de juicios rápidos en el balance anual y la conducción temeraria dejó otros ocho casos. Además, en cada uno de estos delitos se llegó a juzgar, por sus propias cracterísticas y las penas solicitadas, a una persona y ambas fueron condenadas.

Nuevos delitos

A pesar de la «agilidad» con la que estos procedimientos salen adelante, los casos representan una parte importante del volumen de trabajo de los juzgados vitorianos. De las 1.158 vistas rápidas celebradas, más de 700 fueron por incumplimiento de las leyes de tráfico. «La Fiscalía se toma muy en serio la seguridad vial», advierte Pedreira. Muchos conductores, sin embargo, siguen circulando ajenos a la normativa y ni siquiera su endurecimiento ha logrado frenarles. El fiscal reconoce que no se puede generalizar y que «habría que estar en la mente de cada uno para conocer por qué delinquen».

El balance muestra también la incidencia de ese nuevo Código Penal en el número de casos a juzgar. Los magistrados tuvieron que hacer frente el pasado año a 149 procedimientos rápidos más que el ejercicio anterior, y sólo 49 se referían a «delitos tradicionales», destaca Pedreira. El resto tuvieron como protagonistas a ciudadanos que circulaban sin permiso -88 personas- o la docena que alcanzaron con su vehículo «una velocidad punible».