Nuevo capítulo del conflicto laboral en Ariznabarra. Quince meses después del comienzo de los paros de las trabajadoras por directrices del sindicato ELA, la Diputación ha decidido sancionar con 45.000 euros a Quavitae Bizi Kalitatea, S.L., la empresa del grupo Mapfre que tiene concertada la gestión foral del geriátrico hasta 2046. Esta multa, adelantada por EL CORREO, es fruto de un deficiente servicio que a juicio del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) está provocando «graves perjuicios a los usuarios».
La decisión ya es firme y ante ella sólo cabe recurso de reposición ante la propia Diputación o en su caso un recurso contencioso administrativo en los tribunales. Se desconoce cuál será la estrategia que adoptará la empresa -este periódico intentó ayer sin éxito conocer su postura-, pero fuentes forales se mostraron convencidas de que acudirá a la justicia.
El contrato suscrito con Quavitae hace una década bajo mandato del PNV ata de pies y manos a la institución foral en el aspecto sancionador, ya que la cuantía de las infracciones graves sólo puede ser de 6.000 euros. Y es que los 45.000 euros de multa son un conglomerado de una decena de sanciones leves y graves relacionadas, por ejemplo, con la prestación del servicio de comedor (no se ofertan dos menús), de rehabilitación o fisioterapia, de lavado y planchado e incluso con la limpieza de las habitaciones, lo que ha llevado al IFBS ha encargar una limpieza integral del edificio.
No hay que olvidar que el colectivo de familiares de residentes, verdaderas víctimas de este conflicto, aprovechó el pasado día 8 la tribuna de las Juntas Generales para denunciar que los mayores están «sucios», que les parece muy bien que se limpie el edificio pero que «antes habría que pensar en las personas», zanjó tajante Karmele Balaga, una de las portavoces.
700.000 euros sin ingresar
Pero por muy duras que resulten las palabras de los allegados -llegaron a asegurar que serán los residentes quienes solucionen el problema con su muerte- el conflicto tiene muy difícil solución. Empresa y trabajadoras continúan en pie de guerra enrocadas en sus posiciones. Mientras ELA exige un convenio a largo plazo con subidas salariales que les equiparen en lo posible a las funcionarias forales, Quavitae ha llegado a ofrecer subidas salariales por encima del IPC para el pasado ejercicio, 2009 y 2010.
Mientras tanto, la diputada de Política Sociales y Asuntos Sociales, Covadonga Solaguren, mantiene que el conflicto es exclusivamente laboral y por lo tanto, sólo atañe a empresa y empleadas. Pero el servicio es foral, y como reiteran las familias, «la factura nos la manda la Diputación y es ella es la que debe poner soluciones».
Desde el pasado octubre, el IFBS dejó de llevar mayores al geriátrico como medida de presión y ahora, existen medio centenar de plazas libres. Esta decisión, unida a la postura de no pagar las horas de huelga, ha hecho que Mapfre-Quavitae haya dejado de ingresar 700.000 euros en los últimos meses.