L a crudeza de la crisis y la acusada pérdida de confianza que ha generado están poniendo a prueba la responsabilidad de todas las instituciones y agentes políticos y económicos concernidos para tratar de acertar en los diagnósticos, las previsiones y las recetas frente a los problemas. Pero también para evitar utilizaciones interesadas o torticeras de las dificultades existentes y, sobre todo, para impedir que estallen polémicas que acaban resultando del todo contraproducentes pese a que puedan latir en ellas debates no sólo razonables, sino imprescindibles. Es lo que ha acabado ocurriendo con una materia tan sensible para una ciudadanía agobiada por la recesión como la sostenibilidad de la Seguridad Social y, con ella, del sistema de pensiones. Las matizaciones que introdujo ayer el gobernador del Banco de España en su pesimista intervención en el Congreso sobre la evolución inmediata del sistema constatan la importancia de medir los análisis; aunque sea competencia irrenunciable de Fernández Ordóñez advertir de los riesgos que puedan amenazar la economía española. Pero, en todo caso, el Gobierno está obligado a rebajar una controversia que en nada favorece al sosiego que el ministro Corbacho pidió a Fernández Ordóñez. Tanto el Ejecutivo, como en menor medida los partidos de la oposición y el resto de los poderes públicos, han de encauzar la discusión sobre el sostenimiento de las pensiones en el marco de la comisión parlamentaria encargada de revisar el Pacto de Toledo, asumiendo que la modificación del modelo es inexcusable si se pretende asegurar su estabilidad y cohesión.

Desde otro ángulo, similares exigencias deben plantearse en torno a la negociación de la nueva financiación autonómica. El compromiso del ministro Chaves de que habrá acuerdo en mayo difícilmente puede despejar las dudas sobre la resolución final de un modelo cuyo cierre se ha pospuesto bastante más allá del calendario previsto por el Ejecutivo. Es evidente que esta dilación, que enquista las trabas que impiden a su vez el acuerdo, no está favoreciendo ni el clima de entendimiento ni la búsqueda de un mejor entramado institucional para responder a los desafíos presentes y futuros de la crisis. Y la inclinación del Gobierno a priorizar el pacto con Cataluña como catalizador de la solución global constituye un enfoque cuya parcialidad puede seguir siendo interpretada por el resto de las autonomías como una fuente de agravio.