juicio del yak
21.04.09 - 20:58 -
De izda a dcha, de espaldas, José Ramón Ramírez García, Vicente Carlos Navarro Ruiz y Miguel Ángel Sáez García, los tres mandos militares para quienes el fiscal pide entre 4 años y medio y 5 años de prisión por la identificación errónea de 30 de los 62 cadáveres de los militares españoles muertos en el accidente del Yak-42 el 26 de mayo de 2003. / Archivo
La reacción de los familiares
Último día del juicio en la Audiencia Nacional por las identificaciones erróneas del accidente del Yak-42 y turno para la defensa y para los propios acusados, en su derecho a ajercer la última palabra. El general Vicente Navarro, principal imputado, se ha declarado "inocente" y ha asegurado que trató de "dulcificar" los detalles de las circunstancias en que se produjeron las muertes de los 62 militares españoles para que "las familias que habían perdido un ser querido no siguieran torturándose y dando vueltas a algo irremediable".
En la novena y última jornada de la vista oral, que ha quedado vista para sentencia, Navarro ha defendido que en sus "44 años de ejercicio de la medicina" jamás ha tenido "un incidente", y se ha preguntado "qué beneficio podía haber sacado" del falseamiento de 30 de las 62 identidades si se encontraba ya "al final de su carrera militar". "Yo no me considero esquizofrénico, no soy un doctor Jekill y Mister Hyde, ¿voy a revolverme a hacer daño a las familias para qué?", se preguntaba. "Habría sido una perversión inexplicable", apostilló el general, que calificó de "infierno" el escenario en el que se produjo el accidente.
La responsabilidad, del lado turco
Antes de esta intervención, su defensa había presentado las conclusiones, en las que sostiene que "quienes tenían prisa por quitarse de en medio todos aquellos cadáveres eran las autoridades turcas", a las que ha acusado de "hacer desaparecer restos" para ajustar el número de bolsas a la lista oficial de víctimas. El letrado Ramiro Guardiola, que ha pedido la libre absolución del general Vicente Navarro durante la exposición de su informe definitivo de conclusiones, ha apuntado que el acusado "no tenía prisa" para efectuar el traslado de cadáveres a España, sino que eran las autoridades turcas las que quisieron acelerar los trabajos porque el 28 de mayo de 2003, dos días después del accidente, "habían elaborado" el acta de entrega de los cuerpos, "en virtud de la cual saldrían los cadáveres ese mismo día".
Guardiola ha indicado que las "prisas" del equipo español, reconocidas durante el juicio por testigos como el capitán enfermero Antonio González, no se corresponden con el testimonio de los funerarios que enferetraron los cadáveres, que "reconocieron que fueron preguntados si querían parar", ni con el de los tripulantes de los aviones enviados desde España, "a los que se dijo que se fueran a dormir". De igual modo, ha explicado que el acta de entrega de los cuerpos que elaboraron las autoridades turcas, en la que se advertía de que 30 cuerpos estaban sin identificar, "no goza de la veracidad inmaculada que se la ha venido otorgando", ya que contenía "menciones falsas" y, en uno de los casos, se confeccionó a partir de "un cambalache de restos", algunos de los cuales "tuvieron que hacer desaparecer".
"Se les fue de las manos"
Durante su intervención, el letrado de Navarro ha asegurado que a los turcos "se les fue de las manos" el proceso de identificación, al tiempo que ha cuestionado la veracidad del acta de entrega de los cuerpos. "¿Qué credibilidad se puede dar a esa acta de autopsias y, en consecuencia, qué valor incriminatorio puede tener?", se ha preguntado. "Ninguno, salvo que queramos dar carta de naturaleza que contiene menciones falsas y realizada por personal turco que no reparó en su día en atribuir delictivamente a conjunto de restos que no eran una persona", apostillaba.
La defensa de los otros dos acusados, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, ha atribuído al general Navarro "el dominio del acto" de reconocimiento y repatriación de los cadáveres, y ha asegurado que los indicios aportados por el fiscal "no afectan" a sus clientes. El letrado Alfonso Serrano, que también ha presentado su informe definitivo de conclusiones, ha señalado que no existe "ninguna prueba indiciaria" que pueda incriminar a los dos oficiales médicos, que elaboraron las necropsias a partir de las cuales se hicieron los certificados de defunción que fueron entregados a las familias.
