en base a la ley de víctimas
La Delegación del Gobierno mantiene otros cinco contenciosos contra cuatro ayuntamientos por calles dedicadas a etarras
Imagen del emplazamiento de Etxebarri dedicado a 'Txiki' y 'Otaegi'. / MITXEL ATRIO
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Bilbao ha ordenado al Ayuntamiento de la localidad vizcaína de Etxebarri que retire el nombre de los etarras 'Txiki' y 'Otaegi', fusilados en 1975, de una de las plazas de la localidad. La denominación de la calle había sido recurrida por la Delegación del Gobierno en el País Vasco, en una campaña coordinada con el Ministerio del Interior para retirar del espacio público elementos que puedan suponer una exaltación del terrorismo.
En el fallo judicial, al que ha tenido acceso EL CORREO, se afirma que «es evidente que en la realidad social en la que vivimos, la atribución de una calle a un ciudadano tiene un significado de reconocimiento. En este contexto», continúa la sentencia, «el reconocimiento que desde el año de 1979 realiza el ayuntamiento de Etxebarri hacia las personas de 'Txiki' y 'Otaegi', cuya vida pública se caracteriza por la comisión de delitos y por la pertenencia a ETA, supone una vulneración de ordenamiento jurídico». «Carece de cobertura la apología de los verdugos, cuando ellos suponga una humillación a las víctimas».
Una vez fallado el caso de Etxebarri, la Delegación del Gobierno mantiene abiertos cinco contenciosos contra cuatro ayuntamientos vascos para conseguir la desaparición de nombres de etarras de las calles del País Vasco, amparados todos ellos en la Ley de Víctimas aprobada en julio del años pasado por el Parlamento vasco. Estas querellas suponen la primera aplicación de esta norma a la hora de acabar con hechos considerados como exaltación del terrorismo y busca que «la ley comience a comprometer a obligaciones políticas», según el delegado del Gobierno, Mikel Cabieces.
Los ayuntamientos denunciados ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo son de los Amorebieta, Arrigorriaga y Leioa, gobernados por el PNV, y San Sebastián, en cuya alcaldía se encuentra el socialista Odón Elorza. En todos los casos, se está pendiente del fallo judicial.
Una de las características de las demandas es que se refiere a miembros de la banda fusilados en el franquismo, ya que otras querellas presentadas contra ayuntamientos que tenían calles con nombres de etarras más recientes ya retiraron las denominaciones. Este es el caso, por ejemplo, de la calle José Luis Geresta, de Zizurkil, suprimida por un acuerdo municipal. Geresta murió en 1999, según la versión judicial, al suicidarse. En otros casos como el del Ayuntamiento de Hernani, gobernado por ANV, fue la Audiencia Nacional, a instancias de Dignidad y Justicia, la que obligó a suprimir un monolito de homenaje a José María Aristimuño, fallecido en 1981 en un enfrentamiento con la Policía.
San Sebastián
El caso de los etarras Juan Paredes Manot, 'Txiki' y Angel Otaegi, se repite en Amorebieta. En Leioa, ayuntamiento contra el que hay presentados dos recursos, hay una calle dedicada a Eustakio Mendizabal y otra a los hermanos Txabi y Joseba Etxebarrieta, fallecidos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, en 1973 y 1968, respectivamente.
Un caso paradójico es el de la calle Mikel Gardoki de San Sebastián. El PP solicitó en 2008 que se retirase el nombre de la avenida, dedicada a un etarra fallecido en 1975 en un tiroteo con las fuerzas de seguridad. El grupo socialista alegó que Gardoki no estaba condenado como miembro de ETA y que se trataba de un caso del franquismo, anterior por tanto a la Ley de Amnistía. El asunto está pendiente de sentencia.
Según el delegado del Gobierno el objetivo es conseguir que la Ley de Víctimas juzgue estos casos «con los ojos del siglo XXI, y no con la perspectiva de 1979, cuando se dedicó la mayoría de las calles a miembros de ETA». «Se trataba de un momento en el que se creía que la banda iba a desaparecer con la Transición, pero ha continuado matando». En este sentido, Cabieces mantiene que, en el caso de los fusilados, se debe plantear la posibilidad de realizar un homenaje «al derecho a la vida, con un rechazo evidente a la pena de muerte. Pero no se puede mantener un nombre que simboliza a una banda terrorista».
En este sentido, Cabieces considera que utilizar la Ley de Víctimas en estos casos «supone la posibilidad de aplicar una ley que es buena a la hora de deslegitimar el terrorismo y defender una pedagogía clara a la hora de buscar el reproche social al terrorismo».
