El PP y el PSE hicieron ayer valer su holgada mayoría en las Juntas Generales (29 de 51 procuradores) para pedir a la Diputación que modifique tres puntos del Plan de Normalización del Uso del Euskera, ya aprobado por el Gabinete Agirre por vía de urgencia. En concreto, se trata de los apartados referidos a la obligatoriedad de conocer la lengua vasca para optar a contrataciones públicas de servicios, obras y suministros, e incluso para poder recibir subvenciones forales. Para populares y socialistas, estos artículos -6.12, 7.5 y 7.6- «no están de acuerdo con la normativa legal vigente y la realidad sociolingüística del territorio».
La moción transaccionada también insta al tripartito foral PNV-EA-Aralar a dejar el plan en punto muerto hasta que no se ejecuten las modificaciones aprobadas, que deberán llegar a la Cámara territorial en el plazo máximo de un mes. La moción, sin embargo, no es de obligado cumplimiento -al menos legal, aunque sí moral-, así que el Gabinete Agirre podría hacer caso omiso de este mandato. Claudio Rodríguez, teniente de diputado general, señaló en declaraciones a este periódico que estudiarán la moción, pero remarcó que el proyecto, que cuenta con el plácet de los sindicatos, «se ajusta a la legalidad vigente».
El debate, que se prolongó durante hora y media, llegó a la Cámara de la mano del PP, que pedía la eliminación de los artículos referidos a la obligatoriedad de las empresas de conocer la lengua vasca por su «alegalidad», en palabras del juntero Javier Moraza. «Todos estamos de acuerdo en aplicar medidas de discriminación positiva hacia el euskera, pero ésta es una imposición excesiva e injusta», recalcó.
«Carrera por la españolidad»
Para los socialistas, como recalcó Josu López Ubierna, el plan adolece de concreciones sobre qué actividades son susceptibles de conocer o no euskera, ya que no verían con malos ojos que se establezcan requisitos de este tipo en aquellas en que sea necesario. «El problema es que a diferencia del plan aprobado en el Consistorio no lo han consultado con nadie. No olviden que el idioma no tiene derechos; los derechos los tienen las personas», espetó.
Siguiendo el guión marcado en las últimas semanas, el PNV vendió una imagen frentista de las formaciones constitucionalistas en contra del euskera al señalar que este «ataque» es una «muestra más» del pacto alcanzado para investir a Patxi López lehendakari. «Esta moción no es fruto de la improvisación, sino de la carrera por su españolidad», remarcó el juntero jeltzale Román Berriozabal. «Es una perversa mentira que hablen de imposición, cuando el PP ya lo exigía a los adjudicatarios de servicios como las visitas a los museos», apostilló.
El resto de las formaciones presentes en la Cámara arremetieron con dureza contra los populares. Si la ilegalizada ANV solicitó todavía más requisitos para las empresas, el portavoz de Aralar, Iñaki Aldekoa, tachó de «impresentable» su moción. «La única imposición que existe es la del castellano», recalcó. Una idea también defendida por el juntero de EA Patxi Martínez de Albéniz, que señaló que a las empresas se debe exigir los mismos requisitos que se autoimpone la Diputación.