POLÍTICA
Elogia su trabajo frente a ETA mientras los sindicatos deciden denunciar a Conde-Pumpido por injurias
18.04.09 -
De la Vega entra en la sala de Prensa tras el Consejo de Ministros. / EFE
LAS REACCIONES
El Ministerio de Interior, que todavía no ha salido de su asombro por las declaraciones del fiscal general cuestionando la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en la lucha contra el entorno de ETA, acordó ayer con María Teresa Fernández de la Vega que fuera ella quien hiciera público el respaldo del Gobierno a los funcionarios. La 'número 2' del Ejecutivo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, intentó quitar hierro a las acusaciones de Candido Conde-Pumpido, pero, sobre todo, se deshizo en halagos con los policías.
Recalcó que debe quedar «meridianamente clara» la «plena y total confianza» que el Ejecutivo tiene en los agentes y en sus servicios antiterroristas, y repitió en varias ocasiones el «esfuerzo, la eficacia y abnegación» de los funcionarios. «Nos sentimos seguros, satisfechos y protegidos», subrayó la vicepresidenta antes de expresar el «agradecimiento» del Gobierno al «extraordinario trabajo» de la institución.
De la Vega, en cambio, no dedicó una sola palabra positiva para el fiscal. Se limitó a recordar que éste ya ha «aclarado el malentendido» y que el problema al que se refirió era sólo «procedimental» y no de «fondo».
Conde-Pumpido manifestó el jueves, durante un desayuno informativo, que la Guardia Civil es la que «realmente» había permitido «impugnar a ANV y EHAK» en su día porque la Policía «no atiende las indicaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo», sino sólo las del «juez instructor», en alusión a Garzón. Ayer, los servicios antiterroristas dejaron claro que «jamás se ha hurtado información» al Ministerio Público y, de hecho, en la Comisaría General de Información de la Policía, donde reinaba un importante malestar, nadie entendía las palabras de Conde-Pumpido porque siempre ha habido una relación «muy fluida» entre los agentes y el fiscal de la Audiencia Nacional.
En el caso concreto de las listas abertzales, fuentes de la comisaría indicaron que los datos en cuestión no se entregaron directamente al Ministerio Público porque Garzón los reclamó primero para la causa penal en la que, obviamente, era también parte la Fiscalía. Asimismo, revelaron que el departamento de Conde-Pumpido ha utilizado esos documentos sin problema alguno para instar las ilegalizaciones de «todas» las herederas de Batasuna por la vía administrativa.
A las críticas de los servicios antiterroristas se han unido también las de los cuatro sindicatos del CNP, que ayer acordaron presentar una querella conjunta por injurias y calumnias contra el fiscal general. Sus «acusaciones, por su dureza, ausencia de precedentes y foro en el que se realizaron constituyen el ataque más duro, injustificado, temerario y desleal que ha recibido el Cuerpo Nacional de Policía desde el advenimiento de la democracia», aseguraron el Sindicato Unificado de la Policía, la Confederación Española de Policía, la Unión Federal de Policía y el Sindicato Profesional de la Policía.
Las centrales señalaron que Conde-Pumpido tiene que asumir sus «responsabilidades» ante los tribunales porque «imputó a los 61.000 funcionarios» del CNP un «comportamiento delictivo» y lamentaron especialmente que las acusaciones fueran a cuenta de investigaciones sobre ETA, un «ámbito en el que hemos acreditado solvencia, seriedad, constancia y sacrificio».
