El Gobierno de Patxi López ni siquiera existe áun y la tensión política ya se palpa en el Parlamento vasco, tras un período en el que la normalidad había regresado a la Cámara tras la convulsa etapa de Juan María Atutxa. A renglón seguido de la unidad mostrada por los 75 parlamentarios para condenar las amenazas de ETA al próximo Ejecutivo, la caja de los truenos se ha abierto a raíz de una cuestión mucho más prosaica y de trámite: la exigencia que marca el Reglamento de examinar y certificar las posibles incompatibilidades de los parlamentarios antes de convocar el Pleno de investidura. Este hecho ha provocado el primer ataque frontal del PNV a la presidenta, la popular Arantza Quiroga, al considerar que ha tratado de «violentar los plazos» para acelerar la elección del candidato socialista.

El asunto es complejo aunque es muy posible que no tenga mayores consecuencias en el calendario que manejan PSE y PP para la designación oficial de López, que se producirá, según todas las previsiones, entre el 4 y el 6 de mayo, salvo que los jeltzales decidan forzar al máximo sus márgenes de maniobra. Su trascendencia es, sobre todo, política y premonitaria del clima venidero porque ha propiciado el primer encontronazo entre la nueva mayoría PSE-PP y el PNV en su papel de partido opositor, aún por estrenar.

Los jeltzales habían anunciado vigilancia y máximo rigor, pero, sorprendentemente, las fricciones han comenzado ya en el prólogo de la legislatura y en el seno de la Mesa, en teoría, a resguardo del rifirrafe partidista. El propio vicepresidente segundo de la Cámara, Iñigo Iturrate, fue el encargado de poner voz al malestar de los peneuvistas. De forma insólita para los usos y costumbres de los miembros de la Mesa, salió ayer a la palestra para cuestionar las formas de la presidenta por convocar para el próximo día 23 la sesión en la que el Parlamento debería aprobar el dictamen de la comisión sobre las incompatibilidades de los electos con su actividad profesional u otros cargos.

El recelo mutuo venía de lejos -socialistas y populares sospechaban desde hace semanas que el PNV podría intentar ralentizar los plazos para retrasar la formación del nuevo Gobierno y evitar, de paso, que López acuda a la final de la Copa del Rey del 13 de mayo ya como lehendakari-, pero la polémica empezó a subir de tono el miércoles, tras la constitución de la comisión, presidida por el jeltzale José María González Zorrilla. La presidenta hizo uso de su potestad reglamentaria para convocar los plenos. Sólo Iturrate manifestó su disconformidad al considerar que se estaba imprimiendo un ritmo artificialmente rápido, aunque en anteriores legislaturas el trámite no ha llevado más de tres o cuatro días. Ayer, ya en público, insistió en ello, además de destacar el «mal comienzo» de Quiroga, su «absoluto desprecio» al resto de la Mesa por no informarles de la fecha, además de una forma de proceder «poco elegante» y «descortés».

La comisión, el martes

Lo cierto es que la presidenta anunció sus intenciones en la Junta de Portavoces en presencia del resto de miembros de la Mesa y que la normativa marca un plazo máximo -20 días- para resolver las incompatibilidades pero no uno mínimo. Si los peneuvistas intentaran agotar ese tope sería imposible que el debate de investidura se celebre en las fechas previstas. No obstante, los jeltzales negaron ayer categóricamente que tengan intención de «obstruir» el inicio de esta novena legislatura para 'estirar' su mandato en funciones, aunque desde las filas populares se asegura que Zorrilla puso «pegas» para la pronta convocatoria de la comisión. En todo caso, el parlamentario jeltzale la convocó finalmente ayer para el martes -por la tarde aparecía ya en la web del Parlamento-, lo que, en principio, permitirá mantener el calendario.

El PNV se escudaba en la necesidad de contar primero con el informe preliminar de los letrados de la Cámara. No obstante, según las fuentes consultadas, esa documentación podría estar lista hoy mismo, lo que hace imposible retrasar más la reunión de la comisión sin quedar en evidencia. Cosa distinta sería -como insinuó Iturrate al recordar que unos 40 parlamentarios necesitarán aportar «documentación complementaria»- que el PNV exigiera más tiempo para elaborar el dictamen. Aunque en medios de la Cámara se recalca que el trabajo de los servicios jurídicos incluye ya todo el papeleo (por ejemplo, la certificación de que un electo no cobra también sueldo de concejal), si así fuera PSE y PP, que tienen la sartén por el mango por el sistema de voto ponderado, se plantearían concedérselo para hacer visible su maniobra.

Ya ayer, el popular Leopoldo Barreda calificó la actitud del PNV de la «pataleta de libro» de un partido que no asume «que no es ya quien marca los tiempos». La propia Quiroga confió en que la legislatura sea «tranquila» y atribuyó su «convulso» inicio a que los jeltzales «están aún aceptando que van a la oposición» y «no reman en la misma dirección que los demás».