E l momento de declive que atraviesa ETA no sólo se traduce en la progresiva dificultad para cometer crímenes o en la sucesión de detenciones de miembros de la banda. La debilidad de la organización terrorista se extiende a una trama civil desconcertada, desaparecida del Parlamento de Vitoria por primera vez en la historia democrática vasca y que sólo mantiene una presencia testimonial en las instituciones, con previsible fecha de caducidad en cada nueva cita electoral. Las cárceles no serían una excepción en este proceso de desmoronamiento de un entramado antaño gustoso de humillar a las víctimas con exhibiciones de unidad y que hoy apenas acierta a disimular su desorientación. 739 etarras cumplen condena en prisiones de España y Francia, y su número ha crecido considerablemente desde la ruptura de la última tregua. En aquel momento, ETA dilapidó la oportunidad que la generosidad democrática le ofrecía para poner fin a la violencia y empezó a perder el control del frente penitenciario, un ámbito del que siempre se sirvió para cohesionar a su base tradicional y atraer, desde otros sectores sociales y políticos, corrientes de solidaridad hacia la defensa de los derechos de los internos. La organización terrorista ha intentado obtener oxígeno de las filas de sus miembros condenados y silenciar los periódicos signos de inquietud o crítica que afloraban entre los presos y sus familiares. Éstos se han visto forzosamente desmoralizados por la obstinación de los dirigentes de la banda en terminar con cualquier expectativa de salida dialogada, y por la consiguiente negativa de las instituciones y de la sociedad en su conjunto a aceptar en el futuro una paz vinculada de algún modo a la suerte de los reclusos.

La pretensión de control de las cárceles por parte de ETA ha sufrido reveses como la sentencia de la Audiencia Nacional que en septiembre pasado disolvió Askatasuna. Y en un momento en que ni los integrantes más fanatizados de la banda pueden ya creer en otro final que no sea la renuncia a la actividad criminal, las voces críticas en las prisiones se vuelven cada vez más numerosas y menos proclives a secundar las órdenes de la organización terrorista. El mayoritario rechazo a la consigna de no abonar fianzas o la reclamación de defensores profesionales ajenos a los 'habituales' apuntan a que en esta ocasión a la dirección etarra le va a costar contener el proceso de fractura; en particular si sus impulsores admiten el triunfo del Estado de Derecho.