La nueva ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha presidido por primera vez el Consejo Territorial de Dependencia, que ha debatido el reparto de los fondos (1.558 millones de euros) entre las comunidades autónomas para desarrollar la ley de dependencia. / Efe
Reparto de los 283 millones
Andalucía: 55,9 millones
Aragón: 11,3 millones
Asturias: 9 millones
Baleares: 5,9 millones
Canarias: 9,7 millones
Cantabria: 4,5 millones
Castilla y León: 22,2 millones
Castila-La Mancha: 16,5 millones
Cataluña: 47,4 millones
Comunidad Valenciana: 26,4 millones
Extremadura: 8,7 millones
Galicia: 23,2 millones
Madrid: 29,7 millones
Murcia: 8,6 millones
La Rioja: 2,7 millones
Ceuta: 342.877 euros
Melilla: 333.476 euros
El sobreesfuerzo económico de las familias
Las familias que cuentan con una persona con discapacidad intelectual asumen un sobreesfuerzo económico de más de 19.000 euros al año en relación con la asistencia que deben prestarle, una vez restadas las ayudas que reciben, de forma desigual, en cada comunidad autónoma, según un informe del colectivo asociativo FEAPS.
Dependiendo del grado de discapacidad, el índice de sobreesfuerzo se sitúa en 11.920 euros al año (993 euros al mes) -para una persona con perfil leve- y 35.507 euros (2.958 euros al mes) -con discapacidad severa que vive en el hogar-. De las 227.360 personas que hay en España con discapacidad intelectual, el 87% vive con sus familias, mientras que el 13% lo hace en centros asistenciales. Por comunidades, Andalucía es la región con mayor número de discapacitados intelectuales, seguida de Cataluña y Madrid.
Trinidad Jiménez anuncia en su estreno que Política Social repartirá este año un 20% de los fondos en función de las personas evaluadas
Aprobado por mayoría el cambio en el reparto de los 1.558 millones que constituyen los fondos para el despliegue de la ley en 2009
La nueva ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, se ha estrenado al frente del Consejo Territorial de la Dependencia -integrado por los responsables autonómicos en asuntos sociales y representantes del Ministerio-, y ha aprovechado ese foro para anunciar que premiará a las comunidades autónomas que mejor desarrollen la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que entró en vigor hace dos años.
En el encuentro se ha dado luz verde al cambio en el reparto de los 1.558 millones de euros que constituyen los fondos para el despliegue de la ley en 2009. Esta modificación ha sido aprobada por mayoría: a partir de ahora, el denominado 'nivel acordado' de financiación dejará de distribuirse únicamente en función de la población. Para este año el departamento dirigido por Jiménez repartirá un 20% de los fondos en función de las personas evaluadas a 1 de abril.
"Esto servirá para incrementar la eficacia y facilitar la ágil prestación de servicios a aquellos ciudadanos que ya están evaluados y que las comunidades tengan claro los servicios que necesitan en función de sus necesidades", ha señalado la ministra tras explicar que el Ejecutivo distribuirá una partida para 2009 de este nivel acordado de 283 millones de euros. "Así no se tiene en cuenta solamente a la población de cada región".
Sobre las discrepancias de algunos consejeros del PP en torno a estos criterios, la titular de Sanidad y Política Social ha matizado que con esta distribución de fondos se ha querido llegar a un "punto de equilibrio y de consenso", tras recordar las propuestas de otros responsables autonómicos que querían elevar el nivel acordado al 50%. Aunque ha admitido que en el seno del consejo ha habido opiniones discordantes, a la hora de votar "ninguna comunidad se postuló en contra".
Estancamiento de la ley
La nueva ministra reconocía que existen "dificultades" en el despliege de la norma, que hacen que se avance "más lentamente" de lo que le gustaría. Sin embargo, ha señalado que "todos" los consejeros coinciden en la importancia del sistema de dependencia que hace a penas dos años no existía. "Hasta hace poco no había garantías en la prestación de los servicios, ni el ejercicio del derecho por parte de los que lo necesitan".
Para mejorar la aplicación de la ley su departamento ha propuesto la elaboración de un catálogo de buenas prácticas. En la reunión, Jiménez ha hecho balance de la puesta en marcha del fondo extraordinario del Gobierno (Plan E) de 400 millones de euros para la Ley de Dependencia -que suman un total de 1.558 millones para 2009-, cuyo reparto ya se ha firmado con doce comunidades autónomas, tras presentar sus proyectos al Gobierno.
Se estima que este dinero adicional suponga la creación o adaptación de 50.000 plazas de servicios de atención a dependientes -residencias y centros de día, entre otros-, contemplados en un total de 1.345 proyectos. La puesta en marcha de los mismos supondrá, según el Gobierno, la creación de 35.000 puestos de trabajo directos e indirectos.