La administración concursal del Alavés acoge «con reservas» la propuesta de convenio, el plan de viabilidad y el pago de la deuda que la entidad albiazul ha diseñado para recuperar su solvencia y entregado recientemente al Juzgado de lo Mercantil. De la misma manera y en respuesta a los documentos del club, los interventores judiciales han emitido así su opinión al respecto, que también han hecho llegar al juez del concurso.
Los administradores alertan de que el futuro del Alavés pasa por que se cumplan escrupulosamente las distintas «hipótesis» que propuso el consejo de administración de Fernando Ortiz de Zárate para garantizar la supervivencia de la casa. De entrada, ponen especial énfasis en la permanencia del primer equipo en Segunda, no sólo ya al final de esta temporada, sino para las cinco siguientes, de acuerdo al proyecto de presupuestos de la directiva para el lustro destinado a satisfacer su débito. «El perder la categoría supondría que la proyección de ingresos no sería tal, pues se dejaría de obtener la facturación actual por competición, retransmisiones televisivas, publicidad, además de perder el apoyo de los socios y sus correspondientes cuotas», cuestionan los administradores. También subrayan que el descenso podría acarrear «la pérdida de apoyo por parte de las instituciones».
Ingresos
Andoni Echevarría, Fernando Ercilla y Jaime Orive abordan en sus conclusiones respecto al plan de viabilidad la imperiosa necesidad de que el Alavés acometa este año una ampliación de capital de medio millón de euros y se le conceda el crédito que pretende, de 2,4 millones. De lo contrario, de no darse ambos requisitos, «el proyecto empresarial de la concursada resulte prácticamente inviable», advierte la administración. Sobre el préstamo remarcan «la situación que atraviesan las entidades financieras y sus trabas a la hora de prestar financiación».
«El rigor presupuestario en el capítulo de gastos de personal», la venta de Izarra a la Diputación por 5,7 millones y la rebaja de la deuda a la mitad, es decir a unos 12,5 millones y pago a cinco años mediante un convenio con los acreedores, son las otras patas sobre las que se apoya un Alavés maltrecho. «Hechos», afirman los administradores, «que están marcados por una gran incertidumbre en su logro».