14.04.09 -
L a penúltima vez que ETA utilizó el concepto de «objetivo prioritario» fue hace seis años exactos, en abril de 2003, y lo hizo para aplicárselo a «los miembros con graduación del Ejército español» y a su «cúpula militar». El pasado domingo la banda declaraba «objetivo prioritario» a los responsables políticos del próximo Gobierno vasco encabezado por Patxi López.
Los etarras, con su pronunciamiento, plantean una declaración de guerra en toda regla al Gobierno vasco, algo que no había ocurrido en los treinta años de historia de la autonomía, aunque en momentos determinados algún miembro de ese Ejecutivo estuviera en el punto de mira de los terroristas como fue el caso de Juan María Atutxa. ETA ha estado siempre en contra del Estatuto de Gernika y las instituciones nacidas de él, pero mientras los nacionalistas han sido los administradores principales de ese marco político no los ha incluido en su lista de objetivos a abatir. Sólo ahora, cuando un pacto entre constitucionalistas pone al PSE al frente de esa institución, los terroristas enfilan sus pistolas contra quienes van a gobernar el País Vasco.
La amenaza de ETA encierra una gravedad que, por lo oído en los actos del Aberri Eguna, no parece haber sido percibida en toda su dimensión por el nacionalismo institucional, al menos en las primeras horas tras la difusión del comunicado etarra. La deslegitimación que está haciendo el PNV de la próxima elección de Patxi López como lehendakari se convierte en munición dialéctica para los terroristas, aunque ese no sea el propósito de los jelkides.
La estrategia de ETA en estos momentos pasa por estructurar en torno a Batasuna un movimiento nacionalista de carácter independentista, con presencia de partidos y sindicatos, que sólo dejaría fuera al PNV. Sería un nuevo pacto de Estella, pero sin la formación que lidera Iñigo Urkullu. La izquierda abertzale buscaría disputarle al PNV la hegemonía en el seno del nacionalismo, un objetivo que es percibido como algo más fácil de conseguir tras la pérdida de los resortes del poder derivada de la salida del Gobierno vasco.
El PNV, al pasar a la oposición, algo que alegra al entorno político etarra, se va a librar de ser objetivo de los atentados de ETA, pero no de la ofensiva de la izquierda abertzale para reducir su espacio social.
La otra pinza de la misma estrategia es emplear el terrorismo contra los partidos constitucionalistas, siguiendo la misma pauta de la decisión adoptada por ETA en 1994 cuando la banda acordó atentar contra «los responsables políticos de España» representados por el PP y el PSOE. Veintitrés militantes de ambos partidos han sido asesinados desde entonces, pero la estrategia etarra de dejar sin voz a los no nacionalistas en el País Vasco o de hacer que se plegaran a sus demandas ha fracasado estrepitosamente. Los dos partidos no sólo han sobrevivido a la ofensiva de ETA, sino que han mantenido su representación ciudadana y dentro de unos días llegarán al poder en Euskadi gracias a un pacto que ha sido posible, entre otros factores, porque la presión del terrorismo les ha hecho entenderse en lo fundamental al margen de los proyectos políticos diferenciados que sostienen socialistas y populares.
Al poner en el punto de mira a los miembros del próximo Gobierno vasco, ETA pretende hacer fracasar el pacto PSE-PP, pero también neutralizar por la fuerza las instituciones autonómicas y, además, contar con la complacencia de sectores del nacionalismo más amplios que los de la propia base social etarra. De ahí la importancia que tiene que el PNV afine al máximo sus críticas al nuevo gobierno para que no sean interpretadas por algunos como justificación de los ataques etarras.
