L a orden de Barack Obama para que se levanten las limitaciones impuestas por la Administración Bush a los ciudadanos cubano-americanos que quieran viajar a la isla y enviar remesas a los familiares que viven en ella constituye un gesto de distensión hacia el régimen castrista, cuya virtualidad más inmediata es que le obliga a clarificar si está dispuesto a flexibilizar o no sus propias restricciones. La iniciativa del nuevo Gobierno de Estados Unidos, de la que no se derivan ni una revisión del embargo comercial que se prolonga desde hace casi medio siglo ni tampoco un acercamiento diplomático explícito, incide en la estrategia de Obama, no sólo de revisar los aspectos más controvertidos de la política exterior de su predecesor, sino de fomentar las expectativas sobre el encauzamiento por la vía de la persuasión, más que de la imposición, de problemas enquistados. El que los ciudadanos de EE UU con orígenes o lazos familiares en la isla puedan viajar y enviar dinero sin trabas especiales, a lo que se añade la posibilidad novedosa de abonar desde el exterior contratos de teléfonos móviles de los cubanos, diluye una sensible línea de separación forzosa trazada entre ambos países, al tiempo que sitúa la pelota de la responsabilidad en el Gobierno de Raúl Castro para que no interfiera en los potenciales beneficios del movimiento adoptado por Obama.

El hecho de que su gesto se produzca en vísperas de la Cumbre de las Américas convocada en Trinidad y Tobago para el próximo fin de semana debería favorecer el nuevo clima de cooperación que aspira a labrar buena parte de la región con el Gobierno de Estados Unidos, un entendimiento en el que se incluye inevitablemente la eterna cuestión cubana. Pero también una modulación realista por parte de los gobiernos latinoamericanos menos radicalizados de la necesidad de perseverar en los contactos diplomáticos subrayando, al tiempo, el anacronismo antidemocrático que supone la prolongación del castrismo sin una transición real y verificable. La indefinición continuista en que se desenvuelve el régimen y las expectativas, dilatadas en el tiempo, de que el aplazado congreso del Partido Comunista llegue a certificar el inicio del aperturismo no pueden convertirse en un permanente parapeto para que el Gobierno de Castro entorpezca o posponga reformas alentadas por el pragmatismo paciente de la Unión Europa y ahora de EE UU. Unos cambios que resultan, además y en todo caso, ineludibles ya para el maltratado pueblo cubano.