ÁLAVA
Las dos formaciones
aprobarán en las
Juntas una moción para exigir la retirada
de tres cláusulas
14.04.09 -
Actividad en la que se podía exigir euskera. / E. ARGOTE
El ritmo que el tripartito nacionalista foral PNV-EA-Aralar pretende imprimir en el fomento del euskera en Álava se dará de bruces con el filtro de las Juntas Generales. El PP y el PSE, partidos que suman una holgada mayoría en la Cámara al tener 29 de sus 51 junteros (15 y 14, respectivamente), ya han mostrado su frontal rechazo a que la Diputación imponga requisitos lingüísticos a las empresas para optar a contrataciones públicas. Esta oposición quedará patente el próximo lunes, cuando ambas formaciones tumben varios artículos del Plan de Normalización del Uso del Euskera en la Diputación para el periodo 2008-2012.
La duda es saber si el Gabinete Agirre, conocedor de su precaria minoría parlamentaria (sólo 17 procuradores), acatará el mandato de las Juntas, porque las mociones no son de obligado cumplimiento. Sin embargo, existen numerosos precedentes en los que la validez moral de la Cámara se ha puesto como bandera para justificar determinadas decisiones, como la apertura del futuro centro de menores extranjeros no acompañados en Vitoria. En este sentido, fuentes forales abogan por esperar al pleno del lunes para posicionarse sobre decisiones futuras.
La iniciativa parte de los populares, que ya criticaron con vehemencia las intenciones de la Diputación después de que el pasado 4 de febrero sus responsables explicaran en comisión las líneas maestras de su plan de fomento de la lengua vasca. En su moción, el grupo liderado por Javier de Andrés pide la supresión de los puntos 6.12 y 7.5 al considerar que el requisito del euskera supone «una discriminación o una traba para la mayoría de las empresas alavesas».
De forma «progresiva»
¿Pero qué dicen estos artículos? El primero asegura que las contrataciones de la Diputación «se realizarán en las dos lenguas oficiales y progresivamente se establecerán requisitos lingüísticos a los adjudicatarios de contratos de servicios, de obras y suministros, en ese orden de preferencia». Por su parte, el 7.5 indica, entre otras cuestiones, que una de las cláusulas administrativas «recogerá expresamente las obligaciones lingüísticas del adjudicatario en lo que concierne al bilingüismo».
La propuesta presentada por el PP ha sido ampliada por el PSE, que además de reclamar la eliminación de estos dos puntos exige la supresión de un tercero, el 7.6, referido a las bases de las convocatorias de subvenciones, que incluirán las «obligaciones lingüísticas» que deben cumplir los perceptores.
Desde la Diputación, por contra, se ha intentado evitar la polémica con el pretexto de que el plan cuenta con el visto bueno del amplio abanico de sindicatos que existen en la institución foral, desde ELA a UGT. Matizan, además, que sólo se exigirá en aquellos casos «en los que el euskera sea relevante». «La realidad es la que es y sabemos que no se puede pasar del 0 al 100 en un año», concluyen.
