operación contra la kale borroka
La operación contra la kale borroka en Hernani de hace dos semanas revela que la izquierda abertzale radical mantiene su actividad en bares y gaztetxes
La operación contra la kale borroka llevada a cabo el pasado 31 de marzo en Hernani por el Cuerpo Nacional de Policía ha vuelto a poner de relieve que, pese a la ilegalización y la presión policial, la izquierda abertzale continúa utilizando herriko tabernas y bares de todo tipo para mantener su actividad en la clandestinidad. En el caso de la localidad guipuzcoana, la investigación ha permitido conocer que las estructuras de Segi se mantienen operativas en este tipo de locales, que acogen toda clase de actividades vinculadas a las organizaciones legales e ilegales.
Así se desprende del auto del juez Baltasar Garzón, que coordinó ese operativo y dictó prisión contra siete de los jóvenes detenidos en esa redada -entre los que se encuentra Aitzol Arrieta Erauskin, el hijo de la ex parlamentaria de EHAK Nekane Erauskin-. El magistrado enumera en su escrito los documentos encontrados en dos bares de Hernani, así como en locales de 'okupas', y resalta que son utilizados para llevar a cabo reuniones en las que «se analiza la situación política, los objetivos y planteamientos marcados, valoración de las campañas realizadas y análisis».
Junto a estos papeles, también se han hallado boletos para recaudar dinero destinado a distintas causas que van desde la propia ilegalizada Segi hasta Askatasuna o AHT Gelditu, la plataforma contra el Tren de Alta Velocidad. En el caso de Segi, la Policía encontró una cartera con el anagrama de esta organización y 590 euros en su interior. Los arrestados también guardaban en un bar 2.201 papeletas de cupones destinados a recoger dinero para Askatasuna, el colectivo ilegal de apoyo a los presos de la banda.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusó en 2002 a las herriko tabernas de servir de «sostén económico» para diversas actividades paralelas a la mera existencia de la izquierda abertzale. En este sentido, el Ministerio Público destacaba que organizaciones como la Coordinadora Antiautovía-Lurraldea consiguió apoyos y dinero en las sedes de la izquierda radical. Ya entonces, la acusación consideraba que las herrikos habían servido para el pago de finanzas de presos etarras, para acoger asambleas de organizaciones ilegales y para realizar labores logísticas en la violencia callejera.
Herrikos embargadas
A raíz de las investigaciones del juez Baltasar Garzón, la Audiencia Nacional abrió distintas causas contra este tipo de establecimientos. En total, el juez investigó 117 establecimientos. En 2007, sin embargo, el Tribunal Supremo estableció que no se podían embargar a las herrikos puesto que no existían pruebas suficientes para demostrar que son propiedad de Batasuna. Los magistrados indicaban que para actuar contra este tipo de locales se debía demostrar primero que estaban en manos de testaferros controlados por el partido proscrito, lo que implicaba abrir un proceso civil.
El pasado año la Sala de lo Penal acordó mantener el embargo contra los locales implicados en ese sumario puesto que sospecha que son un instrumento de ETA. En la causa judicial sobre la financiación de la banda a través de las herriko tabernas están procesados Arnaldo Otegi y otros 40 dirigentes de Batasuna, acusados de pertenencia a organización terrorista.
El material incautado en la operación del 31 de marzo revela cuáles son las iniciativas que en este momento centran la actividad de la izquierda abertzale radical. La Policía encontró en el bar Garín 52 pancartas con el símbolo del Foro Nacional de Debate -el colectivo que integra a todos los partidos nacionalistas salvo al PNV y que pretende impulsar un foro soberanista-, en las que se reclamaba la colocación de ikurriñas en los balcones durante la celebración ayer del Aberri Eguna. Asimismo, el material incautado revela que una de las prioridades de los radicales es la lucha contra el Tren de Alta velocidad. La Policía ha hallado documentales grabados en DVD que se venden para obtener dinero, así como ropa o trípticos contra las obras.
Ataques a la 'Y'
El propio juez incide en este asunto, y destaca -al referirse al material localizado en el gaztetxe de Hernani- que miembros de Segi han asumido «las directrices dadas por ETA para crear una opinión pública favorable a la paralización de la obra». Garzón agrega que el local era empleado para «fabricar dispositivos que posteriormente iban a ser utilizados en ataques violentos contra el TAV». Para el magistrado el propio colectivo AHT Gelditu está controlado por Segi. Al referirse a los ataques contra el proyecto ferroviario, el auto destaca que en mayo de 2008 dos de los radicales encarcelados llevaron a cabo la quema de una excavadora de la empresa Amenabar -concesionaria de un tramo de las obras de la 'Y'-. En coincidencia con esa actuación, la banda colocó una bomba en otra máquina pesada de la misma compañía.
La documentación incautada también se refiere al análisis político de las últimas elecciones, así como a las acciones previstas con respeto a la ilegalización. «En dicho documento», escribe el juez, «se recoge a quién, dónde y forma de hacer pintadas con el lema que requiere cada caso». Asimismo hay escritos sobre la actividad de ANV, que en Hernani es legal y ostenta la alcaldía. El magistrado detalla que se ha encontrado un ordenador en uno de los locales con programas de encriptación 'PGP', el mismo que utiliza ETA en sus comunicaciones. Con respecto a la banda, la Policía halló un texto manuscrito de Aitzol Arrieta Erauskin en el que se puede leer: «La situación de hoy en día no la podemos dejar, para nosotros tiene una importancia de la de Dios...Lo que ellos quieren es callarnos...por tanto, el camino es acabar con los enemigos. Gora ETA militar y su militancia».
