GENERAL
Los abogados de oficio asistieron a 41.176 personas el año pasado, mientras las subvenciones para pagar los pleitos alcanzan ya los 11 millones
por maltrato han subido un 50%. / E.C.
EL DATO
Los pleitos tramitados a través de la justicia gratuita -los turnos de oficio y las asistencias a detenidos que el Gobierno vasco subvenciona a personas de ingresos modestos- casi se han duplicado en ocho años y, previsiblemente, experimentarán otro fuerte tirón durante el presente ejercicio a causa de la crisis. Según el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, el año pasado se contabilizaron 41.176 intervenciones judiciales sufragadas por la Administración autónoma, frente a 21.571 registradas en 2000, una evolución creciente que también se aprecia en los procedimientos de violencia de género, todos ellos incluidos en la justicia gratuita porque son costeados con dinero público sin excepción.
Sólo entre 2004 y 2008, los expedientes de maltrato aumentaron un 50,7%. En números absolutos, sumaron 3.388 el año pasado, de los cuales el 55,5% correspondieron a Vizcaya; el 29,8, a Guipúzcoa y el 14.7%, a Álava. Esa distribución territorial se repite al examinar el conjunto de casos de justicia gratuita, la gran mayoría de los cuales tienen que ver con la delincuencia común, los menores, los divorcios y las alcoholemias.
Lógicamente, el incremento ininterrumpido de los procedimientos judiciales subvencionados por la Administración vasca ha tenido reflejo en las cuentas públicas. El presupuesto total de la justicia gratuita se ha disparado desde los 4,2 millones de euros de hace cuatro años a los once millones previstos para 2009, unas cantidades que se reparten habitualmente en dos plazos (cada seis meses).
De momento, entre el segundo semestre de 2008 y el primero de este año, el Ejecutivo autónomo dedicará 9,6 millones para las minutas de los letrados del turno de oficio y 355.000 euros para los honorarios de los procuradores. Sólo para el maltrato sexista, el Departamento de Justicia ha pasado de reservar 675.000 euros en 2007 a destinar algo más de un millón en este ejercicio.
Los colegios de abogados, que son los que tramitan las peticiones de justicia gratuita, advierten de que el deterioro de la economía y el desempleo han añadido un impulso adicional a la demanda, ya que la subvención de un pleito por el Gobierno vasco está dirigida a personas que sólo ganan hasta el doble del salario mínimo interprofesional (624 euros al mes en catorce pagas); o hasta el cuádruple, dependiendo de las cargas familiares.
La excepción a esa regla la constituyen las víctimas de la violencia de género, a las cuales la Administración vasca les paga el abogado sean cuales fueren sus ingresos. En este caso, el letrado se ocupa de la orden de protección y del juicio rápido, aunque los procedimientos civiles y penales posteriores sólo recibirán subvención si el demandante cumple los requisitos del salario mínimo, un trámite que es comprobado por una comisión.
Judicialización
En el colegio de Vizcaya aseguran que las peticiones de justicia gratuita comenzaron a dispararse de forma repentina desde octubre pasado. De hecho, buena parte del incremento que registró el territorio vizcaíno entre 2007 y 2008 (12,7%) se originó realmente en los últimos tres meses del año pasado. Pero hay otro dato revelador: entre enero y marzo de 2009, las solicitudes han aumentado en Vizcaya el 28,2% respecto al mismo periodo de 2008 (1.708 casos frente a 1.340).
La evolución del colegio de Guipúzcoa no es muy diferente, puesto que ha contabilizado 1.185 peticiones durante el pasado trimestre, un ritmo que, si se mantiene hasta diciembre, arrojaría un aumento anual del 17,9%. Y en Álava, a falta de los datos concretos del colegio, la evolución no es distinta, puesto que históricamente sus cifras siempre evolucionan en la misma línea que Vizcaya, con una correlación casi matemática.
De todos modos, algunos letrados consideran que la tendencia ascendente de la justicia gratuita no se explica sólo por el impacto de la crisis. El decano del colegio vizcaíno, Nazario Oleaga, la atribuye también a la «judicialización» de la sociedad, que induce a los ciudadanos a litigar cada vez más.
Ciertamente, los pleitos subvencionados por el Gobierno vasco no han dejado de crecer desde 2000. Y lo hicieron de manera espectacular en 2003 y 2004, con incrementos del 12,2%y el 15,5%, respectivamente. Luego las subidas se desaceleraron hasta 2007, pero situándose cerca o por encima del 7%, lo que se explica por los procesos contencioso administrativos que generó la regularización masiva de inmigrantes aprobada hace cuatro años. En 2008, el crecimiento volvió a acelerarse y alcanzó de nuevo el 12,3%.
Buscar la calidad
Con este telón de fondo, los colegios de abogados se quejan de que las tarifas que el Gobierno vasco les abona por la justicia gratuita son demasiado ajustadas y, en cualquier caso, inferiores a los precios del mercado. No obstante, el Departamento de Justicia replica que los baremos que están en vigor en Euskadi son, «sin duda, lo más altos de España». Según el equipo del consejero Joseba Azkarraga, que se encuentra en funciones, la estrategia de los próximos ejercicios tiene que apoyarse en «la eficiencia del gasto público», buscando «la máxima calidad» del servicio.
En la actualidad, el Ejecutivo autónomo paga a los letrados, en concepto de justicia gratuita, 143 euros por la asistencia a un detenido y 228,8 por tramitar un expediente administrativo de extranjería. Las tarifas de un procedimiento penal ordinario y de un juicio rápido de violencia de género ascienden a 350 euros. En cambio, por los procedimientos matrimoniales se pagan a 686,4 euros si son contenciosos y 343,2 si son de mutuo acuerdo.
j.munoz@diario-elcorreo.com
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