ÁLAVA
El Ministerio del Interior adjudica los trabajos por 78,5 millones, 13,5 menos del precio máximo del concurso público
Las máquinas trabajan en el movimiento de tierras de la zona. / RAFA GUTIÉRREZ
DATOS DE INTERÉS
El ruido político y social surgido en torno al proyecto de la nueva cárcel de Nanclares no impide que los trámites administrativos sigan adelante de forma lenta pero firme. Prueba de ello es que la Sociedad de Infraestructuras y Equipamiento Penitenciarios (SIEP), dependiente del Ministerio del Interior, acaba de adjudicar de forma provisional la construcción del penal, que tendrá capacidad para 850 reclusos. Este trámite no permitirá, sin embargo, que la ejecución comience antes del verano, como así lo confirmaron fuentes oficiales de la sociedad estatal.
La Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por FCC y Plettacs Electronic Seguridad S.A. será la encargada de levantar una infraestructura que tendrá un plazo de ejecución de 24 meses, es decir, que estará lista para el tercer trimestre de 2011. Su oferta era una de las más atractivas en el aspecto económico puesto que las obras, en las que trabajarán medio millar de personas, se han adjudicado finalmente por 78,5 millones, 13,5 menos del precio máximo indicado en el concurso público -estas cantidades no incluyen el coste de los impuestos-.
Todo, por lo tanto, sigue adelante a la espera de que el Tribunal Supremo se posicione sobre el recurso contencioso-administrativo presentado por la Diputación de Álava para que se paralicen de forma inmediata los trabajos iniciados el pasado verano por la presunta ilegalidad del procedimiento. Entre otras cuestiones, el Gabinete del peneuvista Xabier Agirre exige al Gobierno central que realice la evaluación de impacto ambiental del proyecto, tal y como recoge la ley.
Futuro de la prisión actual
La polémica surgió a finales de noviembre, cuando el consejo de ministros eximió a Interior de realizar este trámite por cuestiones de «urgencia». Esta decisión desembocó en el recurso judicial del Ejecutivo alavés y en la amenaza de un segundo recurso por parte del Gobierno vasco. No obstante, la llegada del PSE-EE a Lakua supondrá 'de facto' un giro de 180 grados en esta cuestión.
Lo que ahora se ha adjudicado es la construcción pura y dura de la infraestructura porque el trabajo que se realiza desde el pasado verano se centra en el acondicionamiento de unos terrenos -ocupan una superficie de 45 hectáreas- que eran propiedad del Ministerio de Defensa. La parcela albergó en el pasado el polvorín militar del poblado de Zaballa. Estos trabajos, que han supuesto un gasto de 9 millones de euros, ya están en su recta final.
A la espera del Supremo, el debate político ha derivado hacia la cárcel actual y si finalmente será derribada, como exigen el tripartito nacionalista foral PNV-EA-Aralar. De momento, la secretaria general de Instituciones Penitenciaras, Mercedes Gallizo, ya ha anunciado que incluirá el penal de Nanclares en el próximo catálogo de infraestructuras penitenciarias que a corto plazo quedarán amortizadas.
A lo que sí se negó Gallizo, como lo corroboró en una reciente visita al Ayuntamiento de Iruña de Oca, fue a plasmar por escrito este compromiso. Lo hizo ante la Corporación municipal, que apoyó en bloque una moción en la que instaba al alcalde, el socialista Javier Martínez, a parar las obras por ser «ilegales». El regidor, sin embargo, no lo ha hecho, ya que en su opinión no tiene competencias para ello.
Pero los opositores a la cárcel siguen creyendo que el procedimiento aún puede detenerse. Para muestra, las declaraciones del diputado de Medio Ambiente, Mikel Mintegi: «Que nadie dude que el proyecto está herido de muerte», recalcó recientemente.
a.lorente@diario-elcorreo.com
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