ÁLAVA
La Diputación expedienta a la empresa que gestiona el geriátrico foral por una decena de posibles irregularidades en un centro que lleva 14 meses en huelga
Una mujer pasea con un familiar a las puertas de la residencia foral. / IOSU ONANDIA
DATOS DE INTERÉS
El conflicto laboral que desde hace catorce meses padece la residencia foral Ariznabarra podría dar un giro de 180 grados en las próximas fechas. ¿El motivo? Que la empresa encargada del servicio, Mapfre-Quavitae, se enfrenta a una sanción económica superior a 30.000 euros por haber cometido una decena de posibles irregularidades que en la práctica supondrían un incumplimiento del contrato. El expediente abierto por la Diputación no se resolverá hasta dentro de varias semanas, pero la firma madrileña ya ha negado todas las anomalías que se le atribuyen.
La cantidad de 30.000 euros podría incluso incrementarse (también disminuir) en función de las alegaciones presentadas por Quavitae, y que ahora deben ser estudiadas por el instructor del expediente, una persona ajena al Instituto Foral de Bienestar Social aunque sí perteneciente a la Administración foral. Fuentes del Departamento de Política Social, liderado por Covadonga Solaguren, rechazaron ayer valorar la cuestión, pero según ha podido saber EL CORREO, estas supuestas irregularidades en el servicio se suceden desde hace tiempo.
Las hay más y menos graves, y en total suman una decena. Algunas de ellas ya han sido incluso objeto de debate en las Juntas Generales, como el comedor existente e nel geriátrico y la escasa variedad de menús que se ofrecen a los residentes. Otro de los temas candentes que deberá analizar el inspector es la polémica surgida después de que la empresa decidiera modificar de forma unilateral la estructura de las nóminas de las trabajadoras, rebajándoles el salario base y compensándoles con pluses. No obstante, la situación se resolvió a principios de este año cuando la propia diputada envió un requerimiento notarial exigiéndo una explicación.
Merma del servicio
En general, el rosario de presuntos incumplimientos del contrato se refieren a la prestación de un servicio que se ha visto seriamente mermado con una huelga que va camino de los catorce meses, y que se desarrolla siete horas diarias durante todas las jornadas de la seamana. Suspensión de actividades socioculturales para los mayores, esperas que se hacen eternas para realizar necesidades básicas... «La atención es vergonzosa», ha llegado a denunciar la plataforma de familiares de residentes.
Mientras el expediente sigue su curso, el conflicto laboral tiene muy difícil solución ya que Mapfre-Quavitae y el comité de empresa, liderado por ELA, sigue enrocados en sus posturas. Mientras las trabajadores exigen una convenio de largo recorrido que les equipare lo más posible a los funcionarios forales y evite en lo sucesivo huelgas como la actual y la de 2003 (duró 8 meses), la empresa se inclina por acuerdos puntuales. Propone un incremento de los salarios del IPC+1,25 para 2008 y de medio punto para 2009 y 2010.
El equipo de Solaguren, por su parte, sigue manteniendo que la Diputación es ajena a un litigio que sólo compete a empresa, que tiene la gestión del servicio hasta 2046, y a sindicatos. Pero el geriátrico es foral y sus residentes viven allí porque la Diputación es la que les ha enviado, de ahí que todos los agentes implicados, desde ELA a los familiares y la oposición, exigen una mayor implicación del Ejecutivo nacionalista, con Xabier Agirre a la cabeza.
De momento, el IFBS sigue vigilante para que se preste un servicio de calidad, una situación que no se está produciendo de acuerdo con el expediente que se acaba de abrir. Por si fuera poco, el goteo de bajas en el geriátrico sigue aumentando después de que la Diputación decidiera -como medida de presión- no enviar a más mayores hasta que no se resuelva el conflicto. Ahora, 25 de las 140 plazas del área residencial están vacantes, el mismo número que en el centro de día, que tiene una capacidad máxima de 40. Todo ello enmarcado en una coyuntura en la que el envejecimiento de la sociedad ha puesto en evidencia el déficit de plazas residenciales que sufre el territorio alavés.
Otra de las decisiones que denotan el grave estado de la residencia es que la diputada Solaguren haya solicitado una «limpieza integral» de las instalaciones. «Lo que es inmoral es enviar mayores a un centro con un servicio que sufre siete horas de huelga diaria todos los días de la semana», apostilló.
Una de las opciones barajadas pasa por la rescisión del contrato que ata a la Diputación con Quavitae hasta 2046. La opción está casi descartada porque supondría para las arcas forales un impacto superior a 300 millones de euros. Pero los familiares de los mayores lo siguen pidiendo, como así lo reiterarán hoy en las Juntas Generales, donde acudirán para recordar a los políticos que ellos son las «verdaderas víctimas» de una huelga «desesperante».
a.lorente@diario-elcorreo.com
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